«Nosotros hemos contratado en el Ayuntamiento como se venía haciendo con anterioridad. Me sorprende que la Junta de Castilla y León no explique el porqué de las impugnaciones después de años utilizando los mismos criterios incluso con sus propias contrataciones». Las afirmaciones fueron de Gonzalo Pérez Ibáñez, exalcalde del PP en Velilla del Río Carrión y exdiputado provincial, que hoy fue juzgado en la Audiencia Provincial como presunto autor de un delito continuado de prevaricación por su proceder en 16 contratos de trabajo realizados en el Consistorio, que supuestamente eran contrarios a la legalidad.

Pérez Ibáñez, que se enfrenta a 13 años de inhabilitación a petición del Ministerio Fiscal (el PSOE, que ejerce la acusación popular, eleva a 15 años la inhabilitación para ejercer cargo público, mientras que la defensa pide la libre absolución al negar los cargos), reiteró durante el juicio, que quedó visto para sentencia, que como consecuencia de las restricciones  gubernamentales en el procedimiento municipal a causa de la crisis económica, «era la única forma de proceder porque, de lo contrario, tendríamos un Ayuntamiento totalmente paralizado». El actual portavoz de la oposición en el Consistorio norteño insistió en que en el tiempo que permaneció en el cargo de primer edil, «ningún vecino, ni tampoco la oposición, se quejó en la forma de contratar al personal. Colocábamos en cuatro o cinco lugares del municipio las propuestas de contratación, además del tablón de anuncios, y luego se recogían las inscripciones. Lógicamente, algunos puestos eran tan específicos en las cualificaciones exigidas que recibíamos una o dos demandas. Por último, dos concejales del equipo de Gobierno se encargaban de valorar las inscripciones y yo firmaba finalmente el visto bueno de los expedientes. Pese a que el secretario municipal registraba reparos en algunos de ellos, tampoco se nos dio una solución para proceder en consecuencia teniendo en cuenta la premura que necesitaban algunos de los puestos laborales».

«A raíz de las declaraciones nulas de las contrataciones por parte del TSJCyL fue cuando cambiamos el formato a través de las externalizaciones, lo que, dicho sea de paso, supuso un perjuicio para el municipio por el incremento de los costes. Eso sí que era una manera arbitraria de contratar», añadió ante el tribunal Gonzalo Pérez Ibáñez.

Por su parte, el secretario municipal del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión desde 2002, Eladio Castro, pormenorizó ante la sala que registró en varios expedientes reparos al no acreditarse méritos, igualdad de oportunidades y publicidad como marca la normativa vigente. El secretario subrayó que en 2015 se modificó la legislación en esta materia, pero apuntó que las contrataciones en el Ayuntamiento velillense se llevaron a cabo de la misma forma, incluso después de las resoluciones del TSJCyL (lo declaró nulos).

En la vista oral también declararon varios testigos propuestos por las partes como varios exconcejales, trabajadores o extrabajadores e incluso el exdelegado territorial de la Junta, Luis Domingo González (se limitó a decir que eran los técnicos de la Junta quienes valoraron los expedientes). 

Asimismo, declararon como testigos la actual alcaldesa, Belinda Mencía, y el teniente de alcalde, Miguel Ángel García, ambos del PSOE, que se encontraban en la oposición cuando se llevaron a cabo los contratos declarados ilegales. Mencía señaló que llevó a cabo «muchos requirimientos, incluso en algún pleno, al anterior equipo de Gobierno debido a que el procedimiento que se seguía no se ajustaba a derecho». Miguel Ángel García fue más allá al afirmar que las contrataciones se efectuaban supuestamente «a dedo». «Se elegían a las personas antes de colocar los anuncios públicos de las ofertas de trabajo», añadió. También compareció en el juicio el exalcalde, Félix Bonillo, quien ratificó que el anterior equipo de Gobierno dirigido por Gonzalo Pérez Ibáñez «no hizo las cosas diferentes a como se venía realizando hasta entonces».

El fiscal, por lo demás, sostiene que el  ahora exregidor velillense supuestamente desoyó los informes del secretario-interventor municipal, formalizando diversos contratos labores que incumplían los requisitos exigidos por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tales como la publicidad adecuada o la existencia de un tribunal o comisión de selección.

Reitera que Gonzalo Pérez Ibáñez supuestamente realizó varias contrataciones pese a las reiteradas objeciones puestas de manifiesto en los informes del secretario-interventor municipal, «siendo plenamente consciente de que dicha actuación era contraria a la legalidad». Así las cosas, el fiscal enumera los casos de contratación realizados, a su juicio, de manera ilícita, todas ellas en 2016.

El número de contrataciones ascendió a 16 para diversas funciones, como la gestión de la Casa de la Juventud de la localidad, el telecentro, el centro de interpretación de la trucha y oficina de turismo de la localidad, así como para labores de limpieza en el colegio Nuestra Señora de Areños. 

Además, dichas contrataciones se extendieron a las labores de limpieza en locales municipales de Cardaño de Arriba, Cardaño de Abajo, Alba de los Cardaños y Camporredondo de Alba, así como para la realización de labores de mantenimiento puntuales de calles y parques municipales de Velilla del Río Carrión, el polideportivo municipal y las instalaciones del CD Velilla. El Ministerio Público reitera que el informe fiscalizador del secretario municipal, en todos los procedimientos objeto del procedimiento, concluía el expediente con reparos y en los mismos hacía constar que la selección se realizaba directamente, «sin aprobarse las bases y sin la existencia de una publicidad adecuada en la convocatoria, considerando en todos los expedientes la omisión de requisitos o trámites esenciales al no cumplirse en el proceso de selección del personal los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la publicidad».

La Fiscalía Provincial recuerda que el juzgado de lo contencioso-administrativo ya estimó en su día los recursos interpuestos por la Consejería de Presidencia de la Junta en todos y cada uno de los supuestos y en los que consideraba la invalidez de dichas contrataciones «por ser contrarias al ordenamiento jurídico», extremo que así también lo entendió el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Gonzalo Pérez: «Me siento desamparado y castigado por el Partido Popular»

Gonzalo Pérez Ibáñez, tras la celebración del juicio, arremetió duramente contra el Partido Popular acusándole de haberle «dejado desamparado y haberle castigado», apartándole incluso sin un acta como diputado provincial, a su juicio, debido al proceso judicial que se sigue contra él. «Solo he recibido dos llamadas de apoyo por parte de diputados provinciales. A muchos se les llena la boca en hablar de despoblación pero luego abandonan a los alcaldes del medio rural, que son los que dan la cara ante los vecinos», dejando incluso en el aire la posibilidad de darse de baja del partido una vez concluya el proceso judicial. Pérez Ibáñez exige en su caso como en el resto de los procedimientos el derecho a la presunción de inocencia: «Ya veremos cómo acaba todo», apunta y reitera que tiene «la conciencia muy tranquila» por su actuación al frente del equipo de Gobierno mientras presidió el Ayuntamiento velillense. Insiste en que estaban contratando con los mismos criterios, «al igual que el resto de Ayuntamientos de la provincia, y ahora nos han venido con esta». Pidió al nuevo delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, que en los nuevos contratos municipales que también han tenido reparos por parte del secretario municipal «actúe con la misma contundencia» con la que han actuado contra él.