Es una petición lógica en tanto en cuanto que los privilegios y prebendas de que disfrutan algunas de las comunidades autónomas vienen a significar, a efectos prácticos, que a otras les llegan menos fondos y competencias. Una vez superado el doble nivel de las históricas y las ‘sobrevenidas’ y asumido por el conjunto de las regiones que precisamente en base a esa diferenciación la igualdad efectiva no es posible, lo que la mayoría demanda es que no haya un trato de favor a mayores para las de ‘primer nivel’. Tampoco un trato claramente desfavorable para las demás. Les cuesta entender la existencia de mesas bilaterales de negociación precisamente con aquellas autonomías partidarias del separatismo y la independencia, como si el grado competencial del que ya gozan no fuera suficiente y estuvieran siempre en el tris de poner al Ejecutivo central al borde del abismo, obligándolo a ceder si no quiere perder la capacidad de gobernar. Por eso recelan, sobre todo las comandadas por el Partido Popular, de posibles agendas ocultas en esas reuniones bilaterales que acentúen la división o que incluso incluyan un acercamiento a nuevos procesos inviables, según la Constitución española, como el del referéndum independentista unilateral.
Quizá tachar de «mesa de la vergüenza» la reunión bilateral de ayer entre el Ejecutivo de Sánchez y el Govern de Aragonès, como hizo el vicepresidente andaluz, resulte exagerado en cuanto a los términos empleados, pero no deja de ser chocante que los díscolos exijan y se salgan con la suya. Volvió a quedar demostrado al sacar del encuentro el traspaso de todos los servicios de viajeros de ferrocarril y cercanías a la Generalitat, además de conseguir una inversión del Gobierno central de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat.
No es cómodo para el conjunto de las autonomías asistir a concesiones de ese calado cuando en otros muchos aspectos resulta harto complicado mejorar la financiación de algunas competencias o incrementar la colaboración en materias especialmente sensibles como la sanidad, tan presente en estos tiempos de crisis por la pandemia del coronavirus y tan carente de acuerdos efectivos que mejoren la cacareada cogobernanza. No lo es para las comunidades gobernadas por el partido de Pablo Casado, aunque estas lo tienen más fácil para elevar el tono de la crítica, pero tampoco para las de signo socialista, cuyos dirigentes pronuncian en voz baja la contrariedad que sienten frente a ese trato tan poco igualitario.
La inmensa mayoría de los administrados, como destinatarios últimos de las decisiones y de las cesiones, abogan por que prevalezca el reparto proporcionado sobre la injusticia.