El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, valoraron el acuerdo alcanzado ayer con el Ministerio y el resto de comunidades autónomas como «un punto de partida» en una coordinación que los dirigentes castellanos y leoneses llevan semanas reclamando al Gobierno.

Mañueco, a través de su cuenta en la red social Twitter, mostró su esperanza en que «el Ministerio ejerza su labor de coordinación con las comunidades» tras el acuerdo alcanzado ayer, aunque advirtió que los contagios por coronavirus «siguen creciendo» y se deben tomar «medidas duras pero necesarias» contra la pandemia.

Con todo, el presidente de Castilla y León se alegra de haber encontrado un «marco común» entre todos y sentencia: «Juntos lo lograremos».

Por su parte, Casado, que participó en el encuentro junto a responsables ministeriales y autonómicos, celebró la propuesta de actuaciones en todas las autonomías «con un componente de transmisión comunitario que no puede, en muchas ocasiones, vincularse a brotes epidémicos».

Se trata, por tanto, de un «punto de partida, una herramienta de coordinación, común para el conjunto estatal, que favorece la seguridad jurídica y el conocimiento ciudadano de las medidas en vigor, con independencia del territorio» y que permite a la autoridad sanitaria la adopción de acciones coordinadas para el Sistema Nacional de Salud, según informa Ical.

Casado subrayó que responde a una reclamación de Castilla y León para poner en marcha esta coordinación. «Las medidas que estamos tomando en cada comunidad tienen que tener un cierto nivel de homogeneidad dentro del territorio nacional. Por ello nuestra valoración es positiva y la hemos apoyado porque consideramos que produce una herramienta importante para todos como referente», incidió la consejera de Sanidad.

En este sentido, lo calificó como «acuerdo de mínimos, que se puede endurecer, y no excluye ninguna otra medida complementaria». La evolución de la situación epidemiológica, la diversidad de algunas medidas adoptadas en distintos territorios y la necesidad de alinear los esfuerzos adoptados por todas las autoridades sanitarias «hacen necesario establecer un mínimo común de actuaciones en el ámbito propio de las comunidades autónomas», utilizando para ello la figura de esta declaración.

Transposición.

Para ello, el Consejo de Gobierno traspondrá las medidas sanitarias ratificadas ayer por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud «pudiendo modificarlas y endurecerlas en los aspectos que se consideren más necesarios para el control pandémico, atendiendo a las características de cada territorio». Así, cada comunidad deberá, utilizando la figura de su ordenamiento jurídico autonómico que considere «más válida y efectiva», dar este paso para poder aplicar las 11 medidas establecidas y tres recomendaciones que recoge la ‘Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de riesgo por el incremento de casos positivos.

En el caso de Castilla y León, los servicios jurídicos de la Junta estudiarán la figura normativa más adecuada, con el fin de someter esa trasposición legal a la aprobación del Consejo de Gobierno, que se reunirá el próximo martes.