El cambio de sexo en los menores de edad contemplado en la futura ley trans ha generado la división en el seno del Consejo Fiscal, que en su informe avala este derecho, aunque seis de sus 12 vocales emitieron ayer un voto particular en el que defienden la necesidad de una autorización judicial para ello.
En el informe, el Consejo Fiscal se muestra de acuerdo con los aspectos fundamentales del anteproyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que son también los que más polémica suscitaron.
En concreto, la norma, que se encuentra en trámite parlamentario, establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
El informe del Consejo Fiscal no pone objeción alguna a esta medida; sin embargo, seis de los 12 vocales en su voto particular se muestran contrarios. «Los vocales electivos firmantes de este voto particular no podemos compartir este criterio, al entender que solo con autorización judicial se salvaguarda el superior interés del menor garantizando plenamente la seguridad jurídica».
Y se mostró contrario a la creación de tramos de edad porque «no todos los menores que se encuentran en cada uno de esos tramos tiene la misma madurez ni se encuentran en idéntica situación».
Por eso, defienden que la única vía para ponderar la situación de cada menor es mediante el establecimiento del mecanismo de la autorización judicial.
El voto particular lo firman los vocales Beatriz Sánchez, Eva Más, María Isabel Gómez, Roberto Valverde, Jorge Andújar y Miguel Rodríguez, todos ellos miembros de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo Fiscal y de talante conservador.
Aunque este voto particular lo secunda la mitad del Consejo, el informe sale adelante con el apoyo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que, en caso de empate, su voto prevalece.
A pesar de que el informe avala el grueso de la norma y considera correcta la supresión de la exigencia de tratamientos médicos, sí ve necesario que las personas que quieran cambiar de sexo acrediten la estabilidad de esta decisión.
«Esta solución preservaría la finalidad perseguida de despatologización y al mismo tiempo coadyuvaría a satisfacer las exigencias de seguridad jurídica y de interés general», señala.
La ministra insiste
Mienttras, a ministra de Igualdad, Irene Montero, respondió ayer a las peticiones de dimisión, tras sus polémicas declaraciones sobre la educación sexual de los menores, y señaló que lo que se pregunta el país es qué hay que hacer «para que todos los niños sepan que en un futuro podrán amar a quien quieran». La ministra aseguró que «no voy a dimitir. A estos fascistas se les para con derechos», argumentó refiriéndose a Vox, contra quienes cargó afirmando que «blanquean el machismo» y le repitió los derechos que tienen los niños de conseguir una «educación sexual obligatoria» en todas las etapas de la enseñanza.
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Marta González Vázquez, preguntó a Montero por las consecuencias de esta ley trans, que daría luz, entre otras cosas, a que hombres que se registran como mujeres no sean denunciados y no puedan ser condenados como violencia machista.