Javier García Gaztelu, Txapote, uno de los jefes más sanguinarios de ETA fue el terrorista que disparó en la cabeza al edil del PP, Miguel Ángel Blanco, hace 25 años. Su reciente traslado a cárceles del País Vasco junto a otros 12 antiguos miembros de la banda -una lista donde figuraba también Henri Parot- generó una oleada de críticas al Gobierno socialista que todavía no se ha apaciguado. 

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, fue el encargado de lidiar ayer con esta polémica decisión y lo hizo defendiendo el acercamiento de Txapote a una prisión de Euskadi afirmando que el actual sistema penitenciario nacional debe servir para reinsertar «y no para ser vengativo».

López puso el acento en que esta política, que muchos ven como el peaje a pagar a Bildu por sus apoyos explícitos al Ejecutivo de Sánchez para sacar adelante votaciones por un estrecho margen, no se está haciendo a espaldas de la ciudadanía. «Se está llevando a cabo con luz y taquígrafos, contándoselo a las víctimas y con el beneplácito de quien tiene que adoptar esta decisión», recalcó. 

El también exlehendakari no dudó en tachar de «demagogia» la pregunta sobre la explicación que daría a los familiares de las víctimas que perdieron la vida a manos de Txapote, que cumple condena por 14 asesinatos, entre los que se encuentran los de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica Herzog o Fernando Buesa. No se espera su excarcelación para antes de 2031.

Convencido de que la política de dispersión de los presos etarras ya no tiene sentido, insistió en que la Constitución recoge que el sistema penitenciario español debe velar por la reintegración social de los penados. Eso, a pesar de que este exjefe de la banda nunca se arrepintió de sus crímenes.

 También indicó que esta línea dura tenía su razón de ser «cuando ETA existía» pero no después de la disolución de la banda terrorista.

Destacó, asimismo que el sistema penitenciario dice que los presos deben cumplir su condena «lo más cerca posible de sus familiares» y dejó claro que los reclusos siguen cumpliendo sus condenas y «a nadie se le saca a la calle».

Fiel a la estrategia del Ejecutivo en este delicado asunto aludió al PP, aunque sin nombrarlo, al recordar que «con otros gobiernos que a veces nos hablan de traicionar a las víctimas los traslados de presos se hacían con opacidad, sin contar con nadie, sin justificación, porque les daba la gana y además cuando todavía ETA mataba».

Por otra parte, el Gobierno vasco rechazó el traslado de cinco presos de la banda terrorista a Euskadi porque no cumplían con el requisito de arraigo, «clave en la apuesta por la resocialización».