«Estamos dispuestas, las cuatro comunidades autónomas, a que se haga una auditoría. Le pedimos al comisario que haga la investigación necesaria y nosotros aportaremos esos datos», señaló la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ante la prensa tras el encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. «Los datos de los que parte esa decisión están equivocados», justificó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que instó al Ejecutivo comunitario a investigar «de oficio» la cuestión y aseguró que los cuatro territorios aportarán «de forma inmediata» los datos que avalan su petición. «España ha dicho a Europa que el lobo está en regresión y le venimos a decir que en nuestros territorios no es cierto. El lobo está en expansión constante en nuestro territorio, fruto de la adecuada gestión», argumentó Suárez Quiñones.
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Jesús Calvo, indicó que los territorios han trasladado al comisario la documentación para demostrar que «la catalogación del lobo es incorrecta e injusta». En el encuentro, el comisario de Medio Ambiente apuntó que el Ejecutivo comunitario «seguirá supervisando y apoyando la situación» para encontrar soluciones «basadas en datos sólidos» y subrayó la importancia de las acciones para impulsar «la coexistencia de los grandes carnívoros».
La titular de Medio Ambiente de la Xunta incidió en que el Gobierno «no está siendo transparente» y pidió «que se retire al lobo» del listado LESRPE ya que, según denunció, «ha sido una decisión unilateral del Ministerio de Transición Ecológica sin haber contado con aquellos que llevan gestionando el lobo muchísimos años». La inclusión del lobo en el listado elimina de facto su consideración como especie cinegética y ciñe la gestión y conservación de la misma a una estrategia nacional.
A este respecto, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Juan Guillermo Blanco, expuso que «los planes de gestión en cada una de las cuatro comunidades se elaboraron después de haber hablado con todas las partes» y reprochó la falta de acción del ministro de Agricultura, Luis Planas. «Le he dicho muchas veces a Planas que los ganaderos estaban esperando su acción. No la ha habido. Sólo ha habido una acción unipersonal del Ministerio de Transición Ecológica», agregó el consejero cántabro.
COAG exige control.
COAG en Castilla y León ha dirigido una petición al Consejero de Medio Ambiente de esta comunidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que inicie el procedimiento para extraer ejemplares de lobo especialmente problemáticos que se están cebando con las explotaciones ganaderas, muy particularmente al sur del río Duero. En estos casos, la normativa sí permite actuaciones de este tipo.
El retraso de los importes compensatorios concedidos por Medio Ambiente (siempre que sea al sur de Duero) y la falta de voluntad en las administraciones para resolver los graves problemas que causa el lobo agravan las pérdidas en un mes de septiembre en el que los ataques del animal sacuden a las granjas de la comunidad. En el año 2021, según los datos del Gobierno regional, se produjeron a nivel autonómico 2.714 ataques del lobo, es decir, más de siete al día.