Una crisis como la del aceite de colza sería impensable en 2021 gracias a los estrictos controles alimentarios a los que se someten todos y cada uno de los productos que entran en la cadena de distribución. Un trabajo del que se encargan especialistas como el Centro Tecnológico de Cereales (Cetece) de Castilla y León, con sede en la capital, que desde su laboratorio con certificado ISO 9000 lleva el control de más de 300 empresas (mataderos, queserías, ganaderias, pastelerías o galleteras, por ejemplo) y garantiza que todas ellas cumplen los protocolos fijados por la normativa europea que, junto a la estadounidense, es la más exigente, rigurosa e inflexible.
Hay dos grandes bloques de controles. Por un lado, están los de tipo documental y de autoregulación en los que se incluyen aspectos básicos como tener al día todo el papeleo, comprobar las temperatura de las cámaras a diario o instalar detectores de metales, por ejemplo. Por el otro, está la recogida de muestras para su estudio y control en el laboratorio, donde se analiza si hay presencia de bacterias como la salmonela o la listeria.
Los controles se llevan a cabo, en el caso de Palencia, por los inspectores de la Junta de Castilla y León, que son los que garantizan que se cumple la normativa, tanto en las empresas que fabrican o procesan como en las compañías que solo venden o almacenan. Por otra parte, las propias firmas tienen implantados otros sistemas, que en muchas ocasiones son mucho más exigentes que las propias normativas.
«Los palentinos pueden estar seguros cuando hacen la compra. Tenemos un sector productivo muy competente e involucrado», afirma Ana Rosa García, responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria del Cetece, quien asegura que estos rigurosos controles han permitido que desde el Síndrome Tóxico de la Colza (SAT) «solo haya habido en España un caso grave, que fue el de la carne mechada en 2019».
ALERTAS SANITARIAS
Si a pesar de todos los análisis y seguimiento del producto se detectara algún problema, la administración recurre al Sistema Coordinado de Alertas Alimentarias, que funciona a nivel nacional y comunitario en el caso de que el producto defectuoso se haya exportado. Según la legislación vigente, la empresa sería la principal responsable de la seguridad alimentaria, que de incumplimiento puede dar origen a una sanción por parte de la administración.
«En cuanto se da una alerta de estas características, la comunidad autónoma donde se detecta el primer caso da la voz de alarma (en Palencia sería el Servicio Territorial de Sanidad) a través de esta red que funciona muy bien», explica García. El siguiente paso sería localizar por parte de los inspectores todo el género que podría estar afectado y retirarlo del mercado de forma inmediata», continúa.