Aunque el Ayuntamiento ha pedido tiempo para estudiar el fallo, todo parece indicar que no va a tener más remedio que retrotraer la oposición de Policía Local al momento previo a la prueba psicotécnica, lo que en la práctica supone anular el nombramiento de los 42 agentes que tomaron posesión de su plaza en 2020.
Esta es la dirección a la que apunta el fallo del Tribunal Supremo, que no ha admitido uno de los 25 recursos presentados por el Ayuntamiento y los agentes admitidos, contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo que dio la razón a un grupo de opositores que pidió la repetición de la prueba de aptitud psíquica de los aspirantes del turno libre y del turno de movilidad, para que fueran en régimen de igualdad de tratamiento, continuándose con el oportuno reconocimiento médico en el caso de que superan la misma.
Los demandantes consideraron que la evaluación de la actitud psíquica que se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento no se ajustaba a derecho, dado que el hecho de que solo 48 de los 141 opositores que pasaron las pruebas físicas lo hubieran superado era una situación totalmente anormal, cuando en otras provincias limítrofes el porcentaje de aprobados es de un 84% y en Palencia fue solo del 34%.
En un principio, trece opositores decidieron acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tras no prosperar ante el Ayuntamiento su queja y su petición de anulación del test psicotécnico y la realización de una nueva evaluación. La oposición se estableció para cubrir 42 vacantes de agente del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento (31 mediante oposición libre y 11 en el turno de movilidad mediante concurso oposición).
Sin embargo, el Ayuntamiento continuó con el proceso hasta otorgar las 42 plazas. Ahora, la resolución judicial indica que no va a tener más remedio que volver hacia atrás en todo el proceso con las pruebas selectivas y a que se realice a todos los aspirantes que se presentaron una nueva prueba psicotécnica. El hecho de anular todo el proceso de la oposición puede desencadenar una cascada de demandas contra la ciudad por parte de aquellos agentes que puedan resultar perjudicados.