Las administraciones que más cumplen las recomendaciones del Consejo de Cuentas son las diputaciones, al alcanzar el 67 por ciento, mientras que la Administración autonómica se limita al 38 por ciento; los municipios, al 37, y las universidades apenas alcanzan el 28. Así se desprende del informe de seguimiento de las recomendaciones de 2021 del órgano de control.

El Consejo de Cuentas aprobó el pasado año 31 informes que contenían 385 recomendaciones, de las que cinco no se analizaron por carecer de destinatario específico. Aunque no son vinculantes, su cumplimiento revela una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos.

Según señalan desde el organismo en un comunicado recogido por Ical, el grado de aceptación de las recomendaciones fue del 75 por ciento (285 de las 380 analizadas), porcentaje que suma las que han sido cumplidas total o parcialmente y en las que se ha recibido su conformidad. Este resultado es el segundo mejor de la serie histórica, tras el récord de 2020, cuando el grado de aceptación llegó al 81 por ciento.

Por administraciones, el grado de aceptación en las universidades públicas es el 92 por ciento; seguidas por las diputaciones con el 78 por ciento; los municipios con un 70 y la Junta con un 68 por ciento.

En la evolución histórica, salvo casos puntuales, todas las administraciones están por encima del 50 por ciento de recomendaciones aceptadas en los últimos años. En el caso de los municipios, que en 2020 alcanzaron una aceptación del 94 por ciento, este año bajan 24 puntos porcentuales como consecuencia de la introducción de los informes de auditoria informática, que exigen para su cumplimiento que los ayuntamientos dispongan de un personal altamente cualificado con el que todavía no cuentan.

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, se considera aplicadas de forma íntegra o parcial 194 de las 380 analizadas, lo que representa un cumplimiento del 51 por ciento. Se ha producido un descenso de cuatro puntos respecto del 55 por ciento (101 de 186) de 2020.

En términos absolutos, el acumulado de los nueve años que se lleva realizando este informe, han sido aplicadas, total o parcialmente, 862 recomendaciones de las 1.820 analizadas, lo que representa un 47 por ciento de media entre 2013 y 2021.

En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en años anteriores, es muy heterogéneo entre las administraciones; diputaciones y Consejo Comarcal del Bierzo, 67 por ciento; la Junta, 38; los municipios, 37; y las universidades, 28.

Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del informe, el porcentaje de cumplimiento no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 43 por ciento, mientras que en los especiales el porcentaje alcanza el 52 por ciento.

El grado de cumplimiento de la Junta de Castilla y León, única administración fiscalizada todos los años, es inferior a 2020. La evolución va desde un 20 por ciento en 2014 hasta un 60 en 2019. Luego cayó hasta el 48 por ciento en 2020 y un 38 en 2021, porcentaje superior a la mayoría de los años evaluados.

Junto al grado de cumplimiento, destaca el 24 por ciento de las recomendaciones que, no habiendo sido todavía aplicadas, se han tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido.