29.428 castellanos y leoneses recibieron ayudas económicas de emergencia social durante el 2021. Una cifra que supone el 1,23 por ciento de la población autonómica, frente al 3,34 por ciento de la población española, un total de 1.576.052 personas, que necesitaron acceder a estas medidas para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler o suministros del hogar) durante el segundo año de la pandemia de la covid-19. Además, según se desprende de un informe realizado por la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y recogido por Ical, la cuantía media de esas ayudas se situó para el conjunto del país en 172,67 euros, mientras que en el caso de Castilla y León alcanzó más del doble, con 348,50 euros. En cualquier caso, ambas cifras se encuentran a años luz de lo invertido por autonomías como Murcia, que se sitúa a la cabeza con 3.622 euros por perceptor, Aragón (1.346,33 euros), Galicia (1.219,21 euros), Navarra (1.138,25 euros) o Castilla-La Mancha (1.086,71 euros). En el extremo opuesto, Andalucía (75,52 euros) y Comunidad de Madrid (87,01 euros) presentaron las cuantías más bajas.

El documento también recuerda que casi 145.371 residentes en Castilla y León, según el INE, tienen carencias materiales graves, tal y como se deduce de aplicar los indicadores europeos (Tasa AROPE). Porcentualmente, se trata de un 6,10 por ciento de la población autonómica, que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades más básicas como comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días o mantener la vivienda a temperatura adecuada. «El Ingreso Mínimo Vital (IMV), las rentas de inserción de las comunidades y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas por parte de las Administraciones públicas», señalan los autores del texto.

La Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncian una vez más «el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían, percibir el IMV». En España, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción de las comunidades (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Sólo el 7,1 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas RMI.

La mitad de beneficiarios pero el doble de cuantía recibida - Foto: FS ICAL

Por su parte, las ayudas para atender las necesidades más básicas alcanzaron en 2021 en Castilla y León al 20,24 por ciento del total de las personas con graves dificultades materiales, casi la mitad que a nivel nacional. Hay grandes diferencias por territorios en esta cobertura. Así, en La Rioja el número de perceptores (21.386) es superior al de personas con dificultades materiales graves (16.626); Cataluña cuenta con una cobertura del 71,48 por ciento.

El gasto medio en ayudas de urgencia por habitante con carencias materiales severas se situó en la Comunidad en 70,55 euros, ligeramente por encima de los 69,44 de España, una cifra que en elPaísVasco se incrementó hasta los 452,41 euros, mientras que en Murcia apenas llegó a 3,13 euros. En cuanto a los euros por año en gasto en ayudas de urgencia, por habitante en la población general, en España se situó en 5,76 mientras que en Castilla y León se quedó en 4,30 euros. La tasa más alta se anotó en el País Vasco, con 20,81 euros, mientras que la más baja se produjo en Cantabria, con 0,03 euros.
El informe que muchas entidades locales han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero «los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas», y lamentaron que hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social.