Los ayuntamientos y las diputaciones de Castilla y León acometieron en 2019 inversiones financieramente sostenibles, con cargo a su superávit, por importe de 78,28 millones  que les permitió impulsar 264 proyectos. La cuantía supone un 26,8 por ciento más que los 61,7 millones de 2018, aunque el número de actuaciones mermó en una veintena. La inversión global en la Comunidad representó casi el seis por ciento de los 1.307,69 millones de las entidades locales en España.

Tras la firma del acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en La Moncloa, estos remanentes municipales pueden emplearse para afrontar la crisis provocada por la covid-19. No obstante, PP y Cs han criticado este acuerdo por considerar que la fórmula abre una vía al Gobierno para meter mano en los ahorros de las corporaciones locales.

Ayuntamientos y diputaciones han luchado para poder gastar su superávit en lo que considerasen oportuno desde que se regulara en 2012 la regla de gasto que limitaba sustancialmente su capacidad inversora, cuyo origen fue la reforma constitucional del artículo 135 en 2011 para introducir la estabilidad presupuestaria.

La norma se suavizó a partir de 2014 y los ejecutivos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han ido permitiendo a los municipios gastar su superávit en «inversiones sostenibles» si cumplían una serie de normas. El acuerdo entre el Gobierno y la FEMP da un giro para el acceso a estos fondos y establece una vía para disponer del remanente, que consiste en que las corporaciones locales que lo deseen lo pondrán a disposición del Estado y éste se lo devolverá en su totalidad en concepto de crédito. En concreto, el Estado aportará 5.000 millones -2.000 este año y 3.000 millones en 2021- más intereses, representando «al menos» el 35% de los fondos regionales.

reparto. Los datos que facilita el Ministerio de Hacienda, recogidos por Ical, revelan que los ayuntamientos de la Comunidad acometieron el grueso de los proyectos con cargo a la vía de las inversiones financieramente sostenibles en 2019, con 259 obras, y una gasto asociado por valor de 57,31 millones, el 5,8 por ciento del nacional, que se situó en los 981,56 millones.

En cuanto a las diputaciones provinciales, acometieron solo cinco proyectos de inversión con cargo a sus ahorros, por 20,97 millones, que representan el 6,4 por ciento del global de 326,13 para 38 actuaciones, de estas instituciones en España.

El informe publicado por el Ministerio de Hacienda destaca entre las inversiones municipales las del Ayuntamiento de Valladolid, las terceras de mayor cuantía en España, con 15,87 millones, solo por detrás de Madrid, con 367,4 millones, y Valencia, con 19,87. Salamanca alcanza el puesto 13 con 6,38 millones invertidos y el resto no superó en ningún caso los cinco millones, al igual que ninguna diputación acometió proyectos por encima de los diez.

En los últimos cinco años, las entidades locales de Castilla y León, gracias al relajamiento de las restricciones, pudieron acometer 1.391 actuaciones con un desembolso de 248,3 millones. La mayor cuantía se invirtió en 2017, cuando se alcanzaron 81,2 millones en 243 proyectos.

Las entidades locales que invirtieron estaban al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como del periodo medio de pago a proveedores, y reflejaron sus actuaciones en programas presupuestarios limitados a alcantarillado, saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección del medio ambiente; mejora de estructuras agropecuarias y sistemas productivos; industria; energía; comercio; ordenación y promoción turística; desarrollo e infraestructuras de transporte; recursos hidráulicos; investigación científica y técnica; sociedad de la información y gestión del conocimiento.

Cabe recordar que en 2018, el Gobierno del PP flexibilizó las condiciones y permitió reinvertir sus remanentes de inmediato hasta 2019 sin tener que esperar a los PGE.