El primer informe anual elaborado por el Ministerio del Interior a través del portal criminalístico refleja una noticia muy positiva y otra muy negativa. En cuanto a lo positivo, el Ministerio refleja que  en los tres primeros meses del año los delitos relacionados con el ámbito sexual han bajado un 62,5 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Si entre enero y marzo del pasado año se contabilizaron en la provincia ocho casos, de los que siete se fraguaron en la capital, en los tres primeros meses de este año se han denunciado tres delitos de naturaleza sexual (ninguno por violación), uno en la capital.

El dato negativo, por contra, viene dado de la mano del incremento de los robos en domicilios, locales y establecimientos. Según los datos aportados por Interior, durante el primer trimestre del año se han registrado en la provincia 59 robos con fuerza en domicilios, locales y establecimientos (19 en la capital) frente a los 25 registrados en el mismo período del año pasado (14), lo que supone un incremento del 136%. 

En el caso concreto de los robos con fuerza en las viviendas en los tres primeros meses del año se cometieron 38 (12 en el mismo período de 2021), de los que 12 tuvieron lugar en la capital (8 entre enero y marzo de 2021). En el cómputo global los robos en domicilios han experimentado un aumento interanual del 216,7%, notándose especialmente en el ámbito rural.

Al hilo, el último asalto conocido se produjo el pasado viernes en la capital, concretamente en Pintor Oliva cuando se conoció que autor o autores desconocidos forzaron con una palanca la puerta de acceso a la vivienda.

La vivienda se encontraba revuelta y los ladrones se apoderaron de joyas de importante valor, según informaron a este periódico fuentes policiales. Los propietarios de la vivienda se encontraban de viaje en el momento de los hechos.

 Por lo demás, los delitos relacionados con las sustracciones de vehículos o tráfico de drogas se mantienen estables. En este sentido, se registraron siete delitos en cada caso, la mitad de ellos en la capital, cifras muy similares a las registradas un año antes.

Con todo, durante los tres primeros meses del año se contabilizaron en la provincia un total de 1.227 infracciones penales (601 en la capital), frente a las 898 del mismo período de un año antes, lo que supone un aumento del 36,6 por ciento, siendo el 28,4 por ciento el aumento de la delincuencia registrada en la capital.

DATOS REGIONALES. Por lo demás, las infracciones penales crecieron en el conjunto de Castilla y León un 32,7 por ciento en el primer trimestre del año, entre enero y marzo, al pasar de 16.181 a 21.467, mientras que las agresiones contra la libertad sexual experimentaron un aumento del 61,5 por ciento, según consta en el balance de criminalidad del primer trimestre del año publicado  por el Ministerio del Interior.

Según este balance, en la Comunidad se registraron hasta marzo diez agresiones sexuales con penetración, dos más que en el mismo período de 2021, una subida del 25 por ciento mientras que las agresiones contra la libertad sexual e indemnidad sexual han pasado de 96 a 155, un aumento del 61,5 por ciento. El resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual han pasado de 88 a 145, una subida del 64,8 por ciento. En el caso de los homicidios, han crecido un cien por ciento los homicidios dolosos en grado de tentativa, al pasar de cinco a diez casos, mientras descienden un 50 por ciento los asesinatos consumados, de cuatro a dos, y los delitos graves, menos graves de lesiones y riñas tumultuarias han subido un 76,5 por ciento, de 119 a 210 casos, según los datos aportados por Interior.

El comercio respira con el endurecimiento de las penas por reincidencia en los hurtos

Los hurtos también tienen su particular lectura a tenor de los datos aportados por el Ministerio del Interior a través de su portal criminalístico. Así las cosas, en el primer trimestre del año se contabilizaron en la provincia un total de 178 casos (121 en la capital), frente a los 127 del mismo período del año anterior analizado (98 en la capital), lo que supone un incremento interanual del 40,2 por ciento.

El delito de hurto consiste en apoderarse de una cosa ajena sin el consentimiento del dueño y con ánimo de lucro pero sin emplear la fuerza ni en las personas ni en la cosa. Hasta ahora, el hurto adquiere el carácter de delito si el valor del elemento sustraído excede de los 400 euros y puede ser castigado con la pena de prisión de 6 a 18 meses.

Sin embargo, esta situación puede cambiar sustancialmente en un próximo futuro puesto que mañana miércoles el Gobierno de la nación tiene previsto realizar una modificación legal precisamente con los hurtos multirreincidentes que comportarán hasta 18 meses de prisión.

De hecho, la Confederación Española de Comercio (CEC) ha celebrado esta iniciativa que hay actualmente en tramitación parlamentaria con el propósito de endurecer el Código Penal y castigar con penas de prisión de seis a 18 meses pequeños hurtos en casos de reincidencia cuando existan tres condenas por delitos de esta naturaleza, aun siendo de carácter leve, y el montante acumulado supere los 400 euros. Se trata de una propuesta del PDeCAT pactada con el PSOE para introducir una disposición final en el proyecto de ley Orgánica para facilitar el acceso a la información financiera, que este martes se estudia en fase de ponencia. 

La idea es que ley se apruebe por amplia mayoría mañana en la Comisión de Interior y después en el Pleno el Congreso, antes de su remisión al Senado.

UNA LACRA. El colectivo de comerciantes -el sector más castigado por este tipo de delincuencia- venía reclamando en numerosas ocasiones el endurecimiento del castigo ante esta lacra que cuesta 300 millones de euros al año a las administraciones públicas españolas y genera unas pérdidas de 1.800 millones de euros anuales en el comercio, lo que se traduce en destrucción de empleo, inseguridad y alza de precios, según indican los expertos de la CEOE.

La CEOE valoró este primer paso para disuadir de estas prácticas, al que se podrían sumar otros, ya que supone un «gran avance» tanto para el comercio como para la sociedad en su determinación por acabar con estas conductas delictivas «que deterioran la imagen de España y la competitividad de un sector esencial para la economía».