Amilivia pone como ejemplo de rendición de cuentas a Aguilar

Rubén Abad
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El pleno del Consejo de Cuentas, reunido en la localidad galletera, insta a las Cortes de Castilla y León a concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural y reorganizar las actuales mancomunidades

Amilivia pone como ejemplo de rendición de cuentas a Aguilar - Foto: Brgimo ICAL

El Consejo de Cuentas de Castilla y León se ha marcado el reto en su vigésimo aniversario de acercar la labor de la institución a la ciudadanía palentina. En este contexto, el pleno se trasladó ayer hasta Aguilar de Campoo, localidad de la que su presidente, Mario Amilivia, señaló que «cumple ejemplarmente» con la rendición de cuentas en el plazo legalmente establecido.

A modo de ejemplo, destacó que el resultado presupuestario de la villa galletera de 2021 ascendió a 1,8 millones de euros, con ingresos liquidados de 8,9 millones y gastos por importe de 7,1 millones. Su remanente de tesorería para gastos generales se cifra en 3,1 millones de euros y su endeudamiento se reduce a 82.000 euros.

«Aguilar siempre ha rendido cuentas en plazo, con unos datos económicos claramente saneados», destacó el presidente durante su visita. A renglón seguido, subrayó que el Consistorio aguilarense ha conseguido reducir su deuda de 2,3 millones de euros a 800.000.

«Gestionamos dinero público, es importante que se lleve a cabo ese control financiero que hace el Consejo de Cuentas», afirmó la alcaldesa, María José Ortega. Reconoció, asimismo, que las 21 entidades locales menores que integran el término municipal van con retraso en la rendición de cuentas habida cuenta de que la plaza de secretaria de juntas vecinales está vacante. «Esta situación ha generado un trastorno que esperamos subsanar en breve con el apoyo del Ayuntamiento y del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación», adelantó la regidora.

En otro orden de cosas, Amilivia recordó que el 77 por ciento de los municipios palentinos (147 de los 191) han rendido la cuenta de 2021, como ya adelantó Diario Palentino. Esta cifra está tres puntos por encima de la media autonómica, que se sitúa en el 74 por ciento. Por delante están Salamanca, que alcanza el 82 por ciento (300 cuentas rendidas), y Soria, con un 80 por ciento (146).    

El órgano de control externo autonómico dependiente de las Cortes Regionales prevé concluir el año con otro récord de actividad, aprobando otra treintena de informes. Históricamente ha realizado 2.239 recomendaciones a los entes fiscalizados, que aceptan 8 de cada 10. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El pleno del Consejo aprobó dos nuevos informes relacionados con la ordenación del territorio y la fiscalización de la Cuenta General de la comunidad correspondiente al ejercicio 2020.
El objetivo del primero de ellos es instaurar un nuevo modelo territorial con el fin de coordinar la prestación de los servicios autonómicos y locales. Un modelo que, mediante el fomento de asociaciones voluntarias de municipios, contribuya hacer más eficaz y eficiente la gestión de competencias locales.

A través de esta ley se pretende mejorar la cohesión territorial, impulsar una mayor cercanía en la prestación de servicios y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a los servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia.

Fundamentalmente, el informe concluye que en la actualidad el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (Ubost) no ha sido aprobado, encontrándose solo definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano.

De hecho, en la comunidad únicamente están declaradas cinco mancomunidades de interés general urbanas: Valladolid y alfoz, Benavente y alfoz, Medina del Campo y alfoz, Zamora y alfoz y León y alfoz. En Castilla y León no se encuentra constituida ninguna mancomunidad de interés general rural debido a que no se ha aprobado aún el mapa de las Ubost, condición necesaria para su implantación.

En tal sentido, el Consejo de Cuentas insta a las Cortes de Castilla y León a que deberían concluir la ordenación del territorio mediante la aprobación de la ley que incluya el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. Esto requiere, reitera el Consejo, de una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento autonómico a los efectos de concluir la ordenación.