Arranca un nuevo curso político tras el período estival y regresa a la política nacional el latente conflicto catalán, un asunto que lejos de amortiguarse vuelve a la palestra con un nuevo brío, ahora marcado por la próxima Mesa de Diálogo entre los dos Ejecutivos. Una cita que tendrá lugar la tercera semana de septiembre en Barcelona, según acordaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Govern, Pere Aragonès, y en la que se abordará las cuestiones políticas entre Cataluña y el resto de España, aunque algunos analistas en política autonómica ya hablan de un toma y daca entre ambos gobiernos.

El encuentro ya ha sido calificado por el republicano de «trascendente», al tiempo que admitió que se tratará de una de las reuniones «más complejas y difíciles que jamás ha afrontado la Generalitat».

Sea como fuere, lo cierto es que ambas partes llegan a la segunda Mesa de Diálogo con grandes discrepancias entre ellos, pero con la puerta abierta al debate, a pesar de que las posturas, a priori, parecen irreconciliables. Así, desde la Generalitat se niegan a renunciar a la amnistía, al referéndum de autodeterminación y al divorcio con España; mientras que el Gobierno insiste en que no se hará nada fuera de la legalidad y de la Constitución.

El antecedente más cercano de una reunión a este nivel fue la Comisión Bilateral, que tuvo lugar a primeros de agosto y que no se reunía desde hacía tres años. Sin embargo, ambos Ejecutivos buscan diferenciar claramente la Mesa de Diálogo, donde se trata el conflicto político, de la Comisión Bilateral, la cual se centra en asuntos económicos y de gestión. En principio, «los acuerdos que pueda haber en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat no serán moneda de cambio para renunciar a la amnistía y a la autodeterminación», destacaba hace unos días el líder de ERC. 

De hecho, Cataluña logró en esa reunión más de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto del Prat, además de la petición de otras exigencias como competencias de la Seguridad Social y más funciones para los Mossos. Al igual que la creación de distintos grupos de trabajo mixtos para abordar distintas transferencias que están actualmente en manos del Estado.

El rifirrafe político entre ambos ejecutivos viene ya de antes del período vacacional por excelencia, sobre todo tras el desplante del president a la Conferencia de Presidentes del pasado 30 de julio y después de varios desaires a la Corona y a distintos miembros del Gobierno durante sus visitas a la región el pasado junio. 

Pero no todo son palos en la rueda entre los socios. El Consejo de Ministros aprobó el 22 de junio la concesión del indulto a los nueve líderes independentistas que estaban presos por sedición y malversación de fondos, con penas que iban entre nueve y 13 años de cárcel. Así, mientras el presidente del Gobierno consideraba que esta medida de gracia serviría  de herramienta necesaria para «restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española», Aragonès la calificó como «una solución parcial e incompleta».

Máxima ambición

Una vez superado, o casi, el mes de agosto, los engranajes de la política nacional vuelven a engrasarse y las miras se sitúan ahora en la próxima cita de la Mesa de Diálogo. En este sentido, la Generalitat ya prepara un documento de máximos con el referéndum  y la amnistía por bandera. «Vamos a ir con la máxima ambición», sostenía el republicano hace unos días.

A pesar de ello, Aragonès mantiene que, por el momento, no está prevista la vía unilateral, como sucedió el 1-O, y que el Gobierno catalán está centrado ahora en la Mesa de Diálogo, aunque sin renunciar nunca a una posible consulta.

En la misma línea se muestran el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; sin embargo, sus socios en el Govern, JxCat, ya han anunciado que además de diálogo ellos apuestan por la unilateralidad, según señaló el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró. 

Esta tesis independentista se encontrará de frente con el PP, que ya ha recalcado que la cita entre el Estado y Cataluña no servirá para nada, solo para que «obtengan más recursos económicos», destacó la vicepresidenta Sectorial, Elvira Rodríguez. «Van a pedir cosas que no se pueden dar y, si no se pueden dar, no sirve para nada», avanzó la popular, que ve una gran perdida de tiempo este tipo de performances políticas.