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Presidencia refuerza su ayuda a las entidades locales

SPC
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La Consejería destinará 113 de los 176,2 millones que tiene asignados en 2023 para la financiación y ayudas a estas corporaciones, y reserva 120.000 euros para el acceso de interinos como secretarios municipales

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, a su llegada a la Comisión de Economía de las Cortes. - Foto: Ical

Las entidades locales de Castilla y León serán la clave de bóveda sobre la que se sustentan el presupuesto de laConsejería de Presidencia para el próximo año. Seis de cada diez euros de los 176,2 millones que tiene consignados el departamento de Jesús Julio Carnero para el 2023 estarán destinados a ayudas y financiación para estas entidades  con el objetivo de lograr la «cohesión social y territorial» de la Comunidad como uno de los «grandes objetivos de legislatura». En total serán 113 millones los que tienen como objetivo el refuerzo de la independencia y funcionamiento de estas instituciones, con el fondo de cooperación local general como estandarte al alcanzar los 110 millones. Una apuesta conjunta que, sumando las partidas del resto de consejerías, rozará los 500 millones de euros, un 36% más que en 2021 para la cooperación económica local sectorial. Se trata de la cifra de colaboración más alta de la Junta con las entidades locales desde el histórico 2010.

«Son unos presupuestos comprometidos con las entidades locales, responsables con los ciudadanos que residen en el exterior, solidarios con quienes peor lo están pasando y eficaz con la gestión del empleo público». Así resumió Carnero las líneas maestras que guiarán el presupuesto con el que contará su departamento para el próximo año, y que ayer presentó en las Cortes ante los Grupos Parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda. Una comparecencia en la que también garantizó la colaboración institucional para la localización, exhumación e identificación de víctimas de la memoria histórica con una partida de 240.000 euros, así como una partida de 120.000 euros para facilitar el acceso de funcionarios interinos a puestos de secretarios de municipios rurales.

Jesús Julio Carnero significó que su departamento considera como «imprescindibles» dos actuaciones para el próximo ejercicio. En primer lugar, su petición al Gobierno de que en los Presupuestos Generales del Estado se articulen partidas que doten de nuevos fondos para «consolidar la dinamización de la economía local impulsada por la Junta de Castilla y León los ejercicios pasados».

Presidencia refuerza su ayuda a las entidades localesPresidencia refuerza su ayuda a las entidades locales - Foto: FS ICAL

Y, por otro, se comprometió a promover medidas que favorezcan la capacidad de gestión de las entidades locales, «mejorando la agilidad en el pago» para que dispongan de ello a principios de año y dar «mayor liquidez a las arcas».

En concreto, la financiación local, vía trasferencias incondicionadas del modelo de participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad, y las ayudas o subvenciones de la cooperación económica local general suman 73,8 millones. A estos recursos, se unen los 20 millones del nuevo fondo de cohesión territorial y 9,5 millones de la cooperación con las diputaciones, y otros 11 para la línea de las mancomunidades.

Mensaje de tranquilidad

Otro de los puntos de su intervención giró sobre el decreto aprobado por la Junta para la provisión de funcionarios interinos ante el déficit de secretarios municipales en los pueblos, que contará con una partida de 120.000 euros para que las bolsas de trabajo estén en funcionamiento al inicio de la próxima legislatura local. «No es un reflejo económico importante pero  resulta básico para el mundo rural», señaló Carnero, que apostilló que, con ello, la Junta envía «un mensaje de tranquilidad a los futuros alcaldes y alcaldesas del medio rural que resulten elegidos».

El consejero también garantizó la colaboración de la Junta para la exhumación de fosas comunes con una partida de 240.000 euros incluida en el Plan Cuatrienal 2021-2024. En ese sentido, defendió actuaciones para «promover la reconciliación y la concordia en torno a nuestro pasado común, cerrar heridas y no a reabrirlas».

Otros capítulos de gasto

Los presupuestos para 2023 también destinan 7,9 millones a programas de acción exterior; más de seis millones para programas de cooperación para el desarrollo; otros diez millones para un gestión «buena y eficaz» del empleo público autonómico; así como 1,5 millones para la atención y apoyo a la población residente en el exterior y en otras comunidades.

Los socialistas critican la ausencia de fondos para las 35 horas

Las cuentas de la Consejería de la Presidencia fueron tachadas como «poco ilusionantes» por la oposición parlamentaria socialista, cuyo portavoz en la Comisión, LuisBriones, lamentó que no resuelven los problemas pendientes en el empleo público. En este sentido, lamentó que no se haya dicho nada del compromiso pendiente de implantación de las 35 horas en la jornada de los empleados públicos. «Estamos en la casilla de salida», apostilló sobre la Función Pública.

Algo que contrapuso con los «avances» en altos cargos y asesores. «Mucho ruido y pocas nueces». Según el procurador, los problemas de los municipios, despoblación o empleo público no se solucionan, pese a ser el más alto de su historia. Unas críticas por las que los socialistas consideran que las cuentas de la Presidencia «se queda a medias», convencido de que la cooperación general sectorial con las entidades locales no llega al cuatro por ciento del presupuesto, que es la reivindicación de su partido.

Aplaudió que se avance en la memoria democrática, pero criticó el aumento del gasto en asesores y altos cargos, lo que le llevó a manifestar que «la austeridad era mentira», con 140 puestos frente a los 93 de la etapa anterior, que cifró en diez millones de euros. 

En el turno de réplica, el consejero de la Presidencia aseguró que «más pronto que tarde, como es lógico» se cumplirá el acuerdo firmado con los sindicatos para la implantación de las 35 horas para los empleados públicos de la Administración de Castilla y León.