El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, insistió ayer en la necesidad de una reforma «a fondo» del sistema de financiación autonómica, ya que las entregas a cuenta y la liquidación del modelo aportarán a las cuentas de 2023 una cuantía de 8.136 millones, que sube respecto a este año (20,3 por ciento), pero «sigue siendo insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales». «Únicamente sumando lo presupuestado en las tres consejerías sociales hay 8.630 millones», recordó, por lo que denunció que «el sistema de financiación deja sin cubrir casi 500 millones de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales».

El consejero portavoz, que abrió las comparecencias en las Cortes para explicar el proyecto de presupuestos para el año que viene, también explicó que esos recursos están pensados para financiar, entre otros, los gastos vinculados al territorio, y Castilla y León es «el más extenso de España». Carriedo insistió así en que el «mal funcionamiento» del sistema «penaliza especialmente a la Comunidad, por razones relacionadas con el envejecimiento, la extensión y la dispersión territorial».

Carriedo recordó que la Junta dispondrá el año que viene del mayor presupuesto de la historia, con 13.809 millones, un 12,3 por ciento más que el vigente, pero aclaró que el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea, un 62,3% de incremento para un total de 1.986 millones.

Frente a eso, denunció la disminución de las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, en un 30,7 por ciento, por la eliminación por parte del Gobierno de los fondos covid, que suponían 633 millones y que «ayudaban a financiar los servicios públicos». Al respecto, recordó que «una parte de estos gastos siguen siendo necesarios, y no podemos encontrar justificación al recorte del Gobierno».

Marco presupuestario

El consejero expuso que las cuentas se enmarcan en una previsión «prudente» de aumento del PIB del 1,6 por ciento, con una tasa de paro que podría llegar hasta el 10,1 por ciento de la población activa. Junto a esto, recordó que el déficit previsto se reduce del 1,1 al 0,3 por ciento.

En este sentido, dejó claro que estas previsiones están hoy más que nunca sometidas a los riesgos de evolución de los mercados, en un escenario muy complicado.

Frente al aumento de la presión fiscal del Gobierno, remarcó que las cuentas de la Junta incluyen «la mayor reducción de impuestos a familias y empresas», con beneficios que aumentan un 60 por ciento, para «reducir el impacto de la subida de precios, y contribuir a impulsar la economía, en particular en los pequeños municipios».

Las mejoras fiscales 'históricas' podrían favorecer en 2023, dijo, a 478.000 beneficiarios, por importe de 600 millones, el doble que en 2018, dirigidos especialmente al apoyo a las familias, al acceso a la vivienda y al fomento del empleo.

El PSOE carga contra unas cuentas «ideológicas»

La procuradora socialista Rosa Rubio cargó contra el presupuesto, que definió como «netamente ideológico» y convierte a Castilla y León en el «piso piloto de Abascal». Rubio lamentó que las cuentas «acaban» con la Agenda 20/30, «niegan» el cambio climático y la violencia de género y destruyen el Diálogo Social.

La dirigente socialista denunció que las cuentas impiden el avance de Castilla y León, tras diez años sin ejecutar 3.500 millones, y aseguró que las grandes cifras crecen gracias a un aumento de las partidas del Gobierno en 1.646 millones y los 762 millones más de la UE. Al respecto, denunció que la Junta «no ha tomado ni una sola medida económica o fiscal para elevar los recursos propios».

Rubio tachó los presupuestos de mentirosos e insistió en que la medida estrella que anunció el presidente de la Junta, durante su presentación, la rebaja fiscal en el IRPF a 31.000 familias numerosas «no existe, no hay informes jurídicos ni técnicos que la avalen».