Tras la tempestad llega la calma, como bien saben los marineros, pero como advierte la habanera, no hay que fiarse de la calma que es madre del temporal. Y en estas anda la vida política nacional, sin respiro, de tormenta en tormenta con algún momento de sosiego a la espera del siguiente episodio que desate una nueva consecuencia de las dos almas del Gobierno. Si la pasada semana se produjeron una sucesión de borrascas que zarandearon al Ejecutivo, sedición, malversación, revisión de los sucesos de Melilla y el fiasco de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', con todas sus consecuencias, esta semana sin ser ni mucho menos plácida para el Gobierno y su presidente, y a la espera de la resaca del enfrentamiento en el Senado con el líder de la oposición, y si no hay un nuevo tsunami legal por medio, Pedro Sánchez puede recuperar algo de aire, incluido su nombramiento como líder de la Internacional Socialista.
Los Presupuestos Generales del Estado que se debaten en el Congreso van camino de su aprobación con los mercadeos de última hora para conseguir el mayor número de apoyos posibles, aunque en algunos casos, como el de EH Bildu no fueran necesarios, pese a que su apoyo se basa en una medida que beneficia a quienes pagan el alquiler. Si a eso se añade que también serán aprobados los impuestos a la banca y a las grandes empresas de la energía y los combustibles, que es una medida que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía ante los beneficios caídos del cielo -y la oposición de la derecha conservadora que en este asunto no sigue las recomendaciones europeas ni la de otros países con gobiernos del mismo signo-, y se acaba de firmar el acuerdo entre el Ministerio de Economía y las entidades financieras para mejorar la carga hipotecaria de un millón de familias que se han visto afectadas por el incremento de los tipos de interés, se comprueba que el Ejecutivo sigue la senda de las decisiones que tratan de mejorar la vida de la gente. .
La aguas volverán a revolverse cuando se trate del debate sobre la supresión del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados, que rebajaran las penas de inhabilitación para los líderes del 'procés', con dos consecuencias añadidas, que Núñez Feijóo ha descartado promover una moción de censura contra Pedro Sánchez, porque su partido y sus asesores áulicos consideran que tendría más que perder que ganar, además de la propia moción, y la decisión de realizar actos en recintos cerrados en contra de esa modificación del Código Penal ante el temor del fracaso de otro tipo de manifestaciones públicas. A favor del Ejecutivo juega además que la modificación del delito de malversación, con la misma finalidad que la supresión de la sedición, se ha enfriado porque era un contrasentido respecto a los mensajes de lucha contra la corrupción política.
Incluso el debate sobre el fiasco de la ley de libertad sexual ha entrado en una nueva fase, no porque vayan a terminarse las excarcelaciones dolorosísimas para las víctimas, sino porque poco a poco se centra el debate jurídico, se ponen de manifiesto las bondades de la ley al lado de sus errores, exoneración incluida de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se compara con la aplicación de otras leyes que introducían profundas modificaciones en el Código Penal.
Pero la calma es madre del temporal.