Castilla y León no aplicará el acuerdo de nueva normalidad alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud y seguirá utilizando su semáforo covid para avanzar en la desescalada de sectores. De esta forma, la Junta reabrirá el ocio nocturno cuando se baje al nivel 1 de alerta y no seguirá las directrices acordadas en el Consejo Interterritorial por ser «más restrictivas» que las propias de la región porque «no tiene sentido que aumentemos restricciones cuando baja la incidencia y la hospitalización». Un nuevo desencuentro entre la Junta y el Ministerio de Sanidad que corre el riesgo de acabar en los tribunales según el vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, que denunció que «vulnera» las competencias autonómicas. Esta ‘insumisión’ a la decisión del miércoles ya la han secundado otras comunidades como Madrid o País Vasco, que anunciaron que no aplicarán en sus territorios la medida. Durante la rueda de prensa posterior alConsejo de Gobierno, el número dos autonómico avanzó que judicializarán la decisión si se convierte en una declaración de actuaciones coordinadas y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, acusó a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de ejercer el «autoritarismo» y le recomendó que vuelva a la senda del consenso y el sentido común. «Pedimos y rogamos a la Ministra que no lo publique, y que vuelva a la postura del consenso y el sentido común, y no utilice el Interterritorial para imponer», insistió en varias ocasiones Igea.
Una rechazo muy frontal del Ejecutivo autonómico a pesar de que en la reunión del miércoles Castilla y León se abstuviera, cuando otras como Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y País Vasco votaron en contra. Un movimiento que el vicepresidente y portavoz achacó a la voluntad de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de tratar de cerrar un acuerdo, pero recalcó que esto no quiere decir que sean «sumisos». Durante la rueda de prensa en la que también anunció que toda Castilla y León pasa a nivel 2 de alerta, con ampliación de horarios en interior y exterior, y relajación de los aforos, Igea refrendó que «no puede ser que el Gobierno decida suspender el Estado de Alarma pero intenta recuperar el mando único y la autoridad, usted lo ha tenido en su mano».
«No tiene sentido que aumentemos restricciones cuando baja la incidencia y la hospitalización», indicó Igea, que lamentó que la ministra de Sanidad «utilice el Consejo para tratar de imponer, no de consensuar, unas normas que en este momento no tienen sentido y que la población no lo va a entender porque la evolución sanitaria es positiva. Así, el número dos autonómico aseguró que la obligatoriedad de este plan sobre la medidas de ocio nocturno y hostelería es «muy» discutible desde el punto de vista legal, por lo que ha pedido a la ministra que no publique las restricciones porque, de ser así, la Junta ser verá «obligada» a recurrir.
Además, vinculó el «fracaso político» de la ministra respecto de las segundas dosis de AstraZeneca con la decisión de este miércoles, ya que consideró que uno no puede hacer pagar sus «frustraciones» con un sector. También censuró las palabras del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (Caes), Fernando Simón, sobre la influencia de los grupos de presión de quienes defendían completar la pauta vacunal con el suero de la farmacéutica británica. «Esto no lo hace ni un responsable político ni un sanitario que se precie, no puede deslizar acusaciones y generar aún más incertidumbre entre la población», zanjó Igea durante su intervención.