El uso recreativo o profesional de los drones ha vivido una auténtica explosión en Castilla y León durante los últimos años, multiplicándose por quince las licencias expedidas para su uso y consagrándose como un elemento más dentro del entretenimiento personal, o en su vertiente más laboral tanto para laborales de ingeniería, seguridad o fotografía. Algunas de las imágenes más espectaculares grabadas recientemente se han tomado desde estos pequeños aparatos que se también se han convertido en grandes aliados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como elemento para vigilar y controlar grandes concentraciones o zonas de difícil acceso.  Actualmente sobrevuelan la Comunidad casi 4.000 aparatos de este tipo con licencia para hacerlo, quince veces más que los 243 permisos que había expedidos antes de la pandemia. Los datos facilitados a este periódico por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) señalan que ya durante el primer año de la pandemia las licencias se triplicaron hasta las 617, para luego quintuplicarse durante 2021 hasta rozar las 3.000.

Un crecimiento exponencial que tiene su explicación en los cambios normativos que se han ido aprobado durante los últimos años para legislar estos instrumentos que, en un primer momento, presentaron un problema de privacidad al poder sobrevolar y violar la intimidad de los domicilios con gran facilidad. No obstante, las consecutivas normativas, tanto estatales como europeas, han servido para que su uso esté regulado y adaptado al marco comunitario.

Y es que, si durante los primeros años convivieron con un vacío legal, lo cierto es que ya en 2019 se les aplicó una normativa estatal, el Real Decreto 1036\/2017, que solo precisaba de registro a los operadores profesionales que utilizaran estos aparatos para sus trabajos. Algo que cambio radicalmente cuando a principios del pasado año entró en vigor una directriz europea que afectaba a todos los usuarios de los drones, tanto profesionales como particulares. A raíz de ello, todos los operadores, ya sean recreativos o por carácter laboral, se deben registrar.

De esta forma, aquellas personas que quieran pilotar un dron, a excepción de los dispositivos que sean de bajo riesgo o si, por ejemplo, se ha contratado a una empresa, que pesen más de 250 gramos y consten de una cámara requerirán de una licencia para poder despegar sin incumplir la normativa.

Una explosión en el número de licencias que constata Modesto Mateos Fernández,CEOde Ingematis S.L., una de las empresas autorizadas por AESA y elMinisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impartir cursos de formación para la obtención de la licencia como operador de drones. «Tras el cambio de la normativa se ha hecho una clasificación de las categorías de drones más especificas adaptadas a nivel europeo, y hemos visto como se multiplican las peticiones para ser operador de drones», reconoce a este periódico.En este sentido, asegura que una de las grandes novedades de la normativa es que ahora, con la autorización para volar drones, «ya se puede volar en cascos en urbanos», algo que estaba prohibido anteriormente.

La licencia consta de dos partes, una primera que consiste en superar un examen teórico de carácter gratuito de AESA, y una segunda práctica que se suele realizar en una mañana y cuyo precio ronda los 350 euros. «Tenemos perfiles de todo tipo, desde ingenieros, a topógrafos, a técnicos de imagen, fotógrafos, o gente que simplemente quiere poder volar su dron para uso personal y recreativo», resume elCEOde esta compañía asturiana con sede en Castilla y León.

León y Valladolid.

A nivel provincial, el imparable auge de las licencias para operar estos aparatos ha sido homogéneo en toda la Comunidad, aunque lo cierto es que León y Valladolid son las que mayor número de estas acaparan. Así, de las 617 autorizaciones vigentes en 2020 –último ejercicio con datos provinciales oficiales de la AESA–, 130 correspondían a la provincia leonesa y 101 a la vallisoletana, a las que, si se suman las más de 90 de Burgos, acapararían entre las tres la mitad del total autonómico. Atendiendo a los datos de 2020, Palencia era la provincia con menor interés por los drones, como poco menos de una treintena de licencias, seguida por las 45 de Ávila.