El 77,1 por ciento de los ayuntamientos de Castilla y León rindió la cuenta general de 2018, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al 79,6 por ciento registrado el ejercicio anterior. Así se desprende del informe anual sobre las cuentas del sector público local de la Comunidad del ejercicio 2018 que aprobó hoy en Burgos el Pleno del Consejo de Cuentas de la Comunidad.

Su presidente, Mario Amilivia, recordó que el sector público local de Castilla y León está integrado por 4.750 entidades locales y 187 entes dependientes y que el Consejo lleva la aprobación de este informe cada año a una provincia, con el doble objetivo de divulgar en la Comunidad la actividad de la institución y de continuar impulsando el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.

En este sentido, precisó que en Castilla y León hay 2.248 ayuntamientos, más del 27 por ciento del país y más del 60 por ciento de las Entidades Locales Menores (ELM) de España. Por ello, valoró este informe en cuanto a que la Comunidad tiene “una tarea especial y una dificultad añadida a la hora de obtener datos”. Por ello, tildó estas cifras de “ejemplares” aunque este año se baje levemente en rendición de cuentas en la Comunidad.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (75 por ciento), pero cada vez más alejados de los mejores resultados (cinco comunidades se sitúan entre el 86 por ciento y el 97 por ciento). En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.

En referencia a los incumplimientos, tomando como referencia el periodo 2013-2018, hay 267 ayuntamientos, el 12 por ciento del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y, entre ellos, 28 que no han rendido ninguno. De estos últimos, tres ayuntamientos tienen entre 500 y 1.000 habitantes y los 25 restantes son menores de 500 habitantes.

En cuanto a la evolución de la rendición de cuentas de las entidades locales menores, está relacionada con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (estableció en 2013 como causa de disolución de dichas entidades la falta de rendición de sus cuentas), que permitió pasar de índices mínimos (2,4 por ciento en 2009) a un 94,4 por ciento en la cuenta de 2013, con datos a cierre de los ejercicios. Sin embargo, posteriormente se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 65,1 por ciento para la cuenta de 2018, con una caída de 11 puntos respecto al año anterior.

Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos (OCEX) con fecha 21 de junio de 2017: ‘Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales’ y ‘Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del sector público’.

Por encima de la media nacional

Amilivia subrayó que Castilla y León es la “primera” Comunidad en rendición de cuentas a pesar de no contar con medidas de estímulo a la rendición de cuentas. Así, sostuvo que Castilla y León en rendición de cuentas, especialmente lo que se refiere a los ayuntamientos, está por encima de la media nacional.

También aplaudió que es la primera Comunidad en rendición de cuentas de las que no cuentan con medidas al estímulo a la rendición de cuentas. Es decir, “medidas de carácter coercitivo, bien sean multas coercitivas como consecuencia de la no rendición de cuentas, que es una práctica irregular, bien sea la retención de pagos, de subvenciones o de transferencias o la no concesión de las mismas”.

Sin embargo, señaló que “nos alejamos cada vez más de aquella se cuentan con esas medidas” que llegan, incluso, dijo, “al 96 y al 97 por ciento”, lo cuál demuestra, apuntó, que “ante una sanción ante una práctica irregular hay una consecuencia, en este caso, que hace que se rindan cuentas”. En este sentido, recordó que el Consejo de Cuentas viene demandando históricamente que el legislador de Castilla y León apruebe esas medidas al estímulo.

Sin embargo, lamentó que “de momento, lamentablemente, no están siendo receptivos ante una demanda” que, a su juicio, “beneficiaría objetivamente a la calidad democrática, la transparencia y en definitiva a todos los ciudadanos que tienen derecho a conocer las cuentas de quienes son gobernados”.

Principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras

En relación al total de las cuentas rendidas de 2018, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la Comunidad ascendió a 3.411 millones y el de gastos a 3.391 millones, con un superávit global de 20 millones. En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las entidades locales de la comunidad reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 2.650 millones de euros, lo que en relación a los derechos reconocidos (ingresos), por importe de 2.819 millones, arroja un resultado agregado de 169 millones de euros. El 70 por ciento de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 78 por ciento en el caso concreto de los ayuntamientos.

Los municipios gestionan en torno al 74 por ciento del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 22 por ciento del total. En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales (según su signo refleja, bien la capacidad de financiar mayores gastos en el ejercicio siguiente, bien la necesidad de recabar nuevos fondos para adecuar su equilibrio presupuestario y financiero), en el 99 por ciento de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado total 1.105 millones de euros. Además, en el periodo analizado (2015-2018) presenta una trayectoria ascendente en todos los ejercicios, con un crecimiento global del 40 por ciento.

Asimismo, los fondos líquidos de tesorería (disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias) experimentan también una tendencia creciente en el periodo, con un incremento del 43 por ciento, hasta alcanzar 1.238 millones de euros. En el caso de los ayuntamientos, el crecimiento es un 48 por ciento.

En cuanto al pasivo financiero, en 2018 descendió un 11 por ciento el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 876 millones de euros al cierre del año. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 63 por ciento y a las diputaciones el 15 por ciento. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2015 y 2018 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios, con una disminución global del 30 por ciento.

Contratación administrativa 

Las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Al cierre de 2019, un total de 1.947 entes del sector público local (41 por ciento del total) habían remitido la información contractual, habiéndose producido un importante descenso con relación al ejercicio anterior de 34 puntos porcentuales.

La información comunicada refleja la formalización en 2018 de 20.043 contratos por las entidades locales de la comunidad (el 95 por ciento de ellos son contratos menores, con un importe de adjudicación de 195 millones de euros). Atendiendo al objeto del contrato, los de mayor peso son los contratos de obras y los de servicios.