Desde el inicio de la democracia, los partidos políticos han decidido intervenir en la educación sin el amplio consenso que precisa un tema tan capital, a veces incluyendo sesgos ideológicos. El resultado es conocido: un fracaso sin paliativos del sistema educativo que detectan todos las estudios internacionales y una herramienta a veces ineficaz que lastra las posibilidades de desarrollo social del país.
El enésimo capítulo de este enfrentamiento se aviva al conocerse algunos planes del Gobierno para el desarrollo de la Ley Celaá, cuya aprobación fue un ejemplo de sectarismo, según la oposición y algunos colectivos de padres y centros docentes, que acusaban de falta de negociación, intransigencia ideológica, populismo y, lo peor, rebaja generalizada de las exigencias; y, por lo tanto, del nivel educativo.
Esta Ley Orgánica sustituye a otra aprobada en 2013 -su aplicación no ha durado ni ocho años - en la que el ministro de turno, José Ignacio Wert, del PP, introdujo también dosis de partidismo y obstinación, pero esta vez de signo contrario. LODE (1985), LOGSE (1990), LOCE (2002), LOE (2006), LOMCE (2013), LOMLOE (2020) son los nombres y los hitos de este fracaso, que se traduce en un país con la tasa de abandono escolar temprano más alta de la Unión Europea y en permanecer año tras año en los peores puestos del informe PISA. Aunque las diferencias entre autonomías son enormes, valga como ejemplo que en el último estudio, de media, se había perdido el equivalente a medio curso en capacidad de lectura.
Mientras esto ocurre, el debate educativo se centra más en el peso de la religión en el currículum, en la necesidad de perspectiva de género en matemáticas, en el alcance de una asignatura de educación ciudadana y otras cuestiones menores. También, y eso es lo preocupante, en la necesidad de camuflar unas cifras sonrojantes, que lleva a plantear una rebaja de las exigencias de esfuerzo a los alumnos, permitiendo obtener los títulos incluso con suspensos, demonizando la memorización o minorando los contenidos requeridos. Se trata de la vieja táctica de disfrazar el problema ante la incapacidad para encontrar soluciones. Sorprende este tesón por rebajar el nivel en un Gobierno que se dice de izquierdas porque a quien más perjudica es a las clases más humildes, que sólo tienen el recurso de la educación pública como ascensor social.
Frente a este panorama tan preocupante, es necesario que se imponga un análisis experto del modelo y los partidos hagan un esfuerzo de abordar el tema desde la racionalidad y sin apriorismos ideológicos, buscando con serenidad una calidad educativa que permita a los españoles ubicarse socialmente ante los desafíos globales y competir en destrezas técnicas y conocimientos en un mundo cada vez más exigente. Está en sus manos y debería ser su prioridad.