El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena global de 18 años de prisión para dos varones, R.P.G. y A.G.R., como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de agresión sexual  a una ciudadana de nacionalidad venezolana, que se encuentra actualmente en calidad de testigo protegido, a la que engañaron a través de las redes sociales con una falsa promesa de trabajo en España y posteriormente la amenazaron, vigilaron su libertad de movimientos e incluso obligaron a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento hasta que consiguió escapar de ambos.

La Fiscalía, en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Diario Palentino, concreta una pena total de 13 años de prisión para R.P.G. como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de agresión sexual, mientras que para A.G.R. solicita cinco años de cárcel como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en calidad de cooperador necesario. Asimismo, en el apartado de la responsabilidad civil, pide a R.P.G. una indemnización para la víctima cuantificada en 16.400 euros, así como las correspondiente orden de alejamiento y prohibición de comunicación con ella por un período de cinco años más el tiempo de prisión que le fuera impuesto.

Los hechos por los que ambos acusados serán juzgados arrancan en el mes de diciembre de 2018  cuando R.P.G. contactó con la víctima en su país de origen, a través de la aplicación Facebook, iniciándose entre ellos una relación sentimental a distancia.

Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la mujer, la convenció para trasladarse a vivir a España prometiendo ayuda para encontrar empleo, encargándose de sacar billetes de avión, que le envió a través de correo electrónico, así como 1.000 euros necesarios para acreditar su capacidad económica a la llegada a España.

EN GUARDO. El 30 de abril de 2019 la mujer llegó al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, donde la esperaban R.P.G. y A.G.R., trasladándose los tres a la localidad de Guardo.

A continuación, se inició la convivencia entre la mujer y el procesado R.P.G.. Durante la misma, siempre según la versión del fiscal, este último la gritaba constantemente, imponiéndola además la realización de tareas domésticas que le pedía, amenazándola además con denunciar su situación a las autoridades administrativas si no accedía a sus peticiones por no abonarle la deuda que había contraído con él para facilitar su llegada a España y permitiéndole solo sus salidas del domicilio en compañía del encausado A.G.R., que ejercía labores de vigilancia para evitar su huida.

Transcurridos escasos días desde el inicio de la convivencia, R.P.G., pese a la negativa de la mujer y utilizando la fuerza, supuestamente la obligó a mantener relaciones sexuales plenas sin su consentimiento, para acto seguido exigirla que se fuese a vivir a casa de su madre en Guardo, donde estuvo siempre vigilada por A.G.R., hasta que logró eludir a este último y consiguió escapar.