El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reclamó hoy a los procuradores de las Cortes de Castilla y León un "sí" a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 y la ley de medidas tributarias que afrontan su aprobación final en el pleno de este jueves y viernes, con la mayoría absoluta de los socios PP y Vox. "Nosotros vemos Castilla y León en positivo", dijo anticipándose a las críticas de la oposición.
En su comparecencia ante las Cortes, que marcan el inicio de la sesión monográfica de presupuestos, Fernández Carriedo reclamó a sus señorías un "sí" a bajar los impuestos, a mejorar unos servicios de "referencia" en España, a fortalecer el apoyo a las familias, a aumentar las inversiones, frente a la reducción del Gobierno en la Comunidad, y a incrementar el compromiso con el mundo rural y con sus habitantes.
El titular de Economía y Hacienda reconoció que la Comunidad se enfrenta a un contexto de "deterioro" de la actividad económica que aseguró "exigirá dar lo mejor de nosotros mismos", si bien destacó que Castilla y León ya ha superado el nivel de PIB previo a la pandemia, mantiene un saldo comercial positivo, una tasa de paro inferior a la media española y está en el grupo de autonomías menos endeudadas.
En ese sentido, el consejero defendió un "buen" proyecto de presupuestos que asciende a 13.809 millones de euros, un 12,35 por ciento más que el anterior, y que es el más elevado en la historia de la Comunidad. Además, Fernández Carriedo indicó que los cinco principales aspectos que los definen son "menos impuestos, mejores servicios públicos, más apoyo para las familias, más inversiones y más compromiso con el medio rural".
Igualmente, el titular de Hacienda destacó que consolidan una política fiscal que a su juicio reduce la carga impositiva de familias y empresas, estimula el consumo y la inversión, y favorece la actividad económica y la creación de empleo. Además de estas medidas, junto con las vigentes, señaló que el conjunto de beneficios fiscales de la Comunidad podría favorecer en 2023 a casi medio millón de beneficiarios, por un importe de 600 millones de euros.
Además, el consejero apuntó que las consejerías sociales van a disponer del 76,6 por ciento del gasto no financiero, consolidando el gasto social. "Un total de 8.630 millones de euros, en lo que supone un esfuerzo conjunto sobre el PIB del 12,6 por ciento", dijo.
También, indicó que absorben cerca del 90 por ciento del capítulo de gastos de personal, un hecho que permitirá a la Comunidad mantenerse a la cabeza en lo que respecta a la prestación de servicios públicos de calidad.
"Es un presupuesto especialmente inversor, donde el capítulo de inversiones superará por primera vez los 1.000 millones de euros", dijo el consejero en su exposición para desgranar las cuentas del próximo año, las primeras que presenta el Ejecutivo de coalición de PP y Vox.
Finalmente, el consejero denunció que las transferencias del modelo de financiación autonómica son "insuficientes" para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales y la supresión por parte del Gobierno del fondo COVID, y que suponían 633 millones. Además, criticó que que el anuncio de subidas de impuestos por parte del Gobierno haya generado una falta de confianza en los inversores y en las familias