El Procurador del Común trasladó ayer una doble preocupación en materia sanitaria como consecuencia de las deficiencias detectadas en la prestación del servicio en el medio rural, al tiempo que lamentó la falta de regulación en la gestión de las listas de espera, según puso de manifiesto durante la sesión plenaria en las Cortes, que se dedicó de forma monográfica a la presentación y debate del informe anual correspondiente a 2019.

Al margen de la «masiva» reclamación sobre la situación del Servicio de Oncología del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, que supuso casi 4.000 quejas, el procurador del Común, Tomás Quintana, informó que hubo otras 191 relacionadas con la asistencia sanitaria.

En esta línea incidió en su doble preocupación por las «deficiencias» de la sanidad rural y por la ausencia de una regulación que permita a los pacientes conocer «cumplida y detalladamente» su lugar en las listas de espera y la evolución tanto para las pruebas diagnósticas como para consultas de especialistas o las unidades del dolor.

Quintana recordó que esta regulación se ha demandado «una y otra vez», además de lamentar que la diferente espera en las provincias de la Comunidad está generando «importantes desigualdades». Asimismo, dentro de las reivindicaciones sanitarias, se refirió a los problemas de desplazamiento de los pacientes para recibir atención e insistió en la necesidad de «revisar» la normativa reguladora de las ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención, en especial en el caso de colectivos más sensibles como menores, discapacitados o los que tienen tratamientos prolongados. 

Residencias

El procurador del Común hizo especial hincapié en las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables ante la incidencia que está teniendo la pandemia, y cuya protección y calidad de vida situó como «una de nuestras mayores preocupaciones».

Por ello recordó la adopción de dos resoluciones solicitando a la Junta la conversión de plazas residenciales para mayores válidos en plazas para asistidos, al detectar «una apreciable escasez» de éstas.

Igualmente, atendiendo a lo «positivo» que puede resultar para los mayores permanecer en sus lugares de residencia «durante todo el tiempo que sea posible», se resolvieron algunas quejas sobre los servicios de comida y ayuda a domicilio proporcionados por algunos ayuntamientos.

Brecha digital

Por otro lado, Quintana reafirmó su compromiso con la modernización e implantación de la vía telemática para una mayor visualización y acercamiento de la institución al territorio y sus ciudadanos, pero recordó la dificultad actual y apeló a reducir la brecha digital para que sea posible.

Durante la presentación del Informe de 2019, explicó que la implantación de la sede electrónica ha ayudado en el trabajo ante el estado de alarma y el teletrabajo por la pandemia, según informa Ical.

Tras escuchar a los portavoces que reconocieron «su impronta» en su compromiso de modernizar la institución, el Procurador del Común manifestó que el objetivo es avanzar en medios telemáticos como la videoconferencia para contactar con las quejas y demandas ciudadanas.

Quintana, al cerrar su intervención, estimó que los medios telemáticos van a facilitar su labor y la visualización de la institución en una Comunidad tan extensa y dispersa, pero alertó en este momento de la dificultad de quienes sufren carencias de telefonía o internet en sus municipios sin poder utilizar esos medios con normalidad, por lo que apeló a reducir la brecha digital.

En su informe, cada año se repiten las quejas de la deficiente telefonía y acceso a internet, en particular en el medio rural, y recordó que ante «el gran impacto» en la Comunidad, inició una actuación de oficio sobre la brecha digital que sufre los residentes en pequeñas localidades.