Pedro Sánchez y sus compañeros de viaje de Unidas Podemos vendieron, sin asomo de rubor, como un incontestable triunfo lo que ha sido una considerable rebaja de sus pretensiones en el ámbito laboral, con una reforma que tiene el principal objetivo de reducir la temporalidad al tiempo que pone en marcha mecanismos de flexibilidad interna para las empresas de cara a evitar despidos. Si al Ejecutivo hay que concederle el mérito de poner de acuerdo a las fuerzas sindicales y la patronal, también es preciso rebajar su triunfalismo, porque la derogación de la reforma de 2012, el objetivo fijado cuando tomó forma la coalición de los inquilinos de Moncloa, ha quedado en una corrección de determinados aspectos, más del gusto del sector pragmático y moderado del Ejecutivo que lidera Nadia Calviño. Un 'supermartes' en toda regla para el Gobierno, al coincidir la medida aprobada por el Consejo de Ministros con la ratificación de los Presupuestos.

Apagado el fuego interno por la paternidad del consenso entre los agentes sociales, con la cesión del protagonismo en el anuncio de la aprobación de la reforma a Yolanda Díaz, el Ejecutivo se enfrenta al reto de convalidar el decreto ante el Parlamento. De momento, ya es conocedor de la oposición de sus principales socios representados en el PNV, EH Bildu y ERC. Un pulso, como el protagonizado recientemente por Gabriel Rufián con los Presupuestos, ya habitual cada vez que los de Sánchez tratan de adoptar medidas de calado. Una escena casi costumbrista con final conocido, que pasa por recordar a la coalición de dónde pende su estabilidad. Sobre la mesa otra cuestión de fondo, que primen más los convenios laborales autonómicos que los estatales. Es decir, seguir manteniendo sus privilegios frente al resto de las autonomías a costa de condicionar una reforma que determinará el marco de las relaciones laborales durante los próximos años. Si bien desde el Ejecutivo anuncian contactos con los partidos citados, desde la patronal ya advierten de que no aceptarán que se cambie «ni una coma» del pacto aprobado este martes,

Al Ejecutivo le toca mover ficha para ratificar el decreto ley en el Congreso. Y si las diferencias con sus socios no tardarán en reconducirse, el rechazo de plano del Partido Popular parece más férreo. Pablo Casado, por una cuestión circunstancial, se alinea con ERC al afirmar que la reforma pactada con los agentes sociales es 'humo'. Una postura que le aleja de la patronal y que ya ha encontrado cierta oposición dentro de su propio partido. Como la del presidente de la Xunta de Galicia. Núñez Feijóo, más partidario de estudiar al detalle una reforma no tan rupturista antes de instalarse en un no rotundo que aísle a su partido en una cuestión capital para el futuro económico del país.