La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la familia que ocupaba ilegalmente la Casa del Agua desde el 2 de enero del año pasado contra la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 4, en la cual se estimó íntegramente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento, en la que se condenó a J.H.H. y A.H.H. al desalojo del inmueble en un plazo máximo de 30 días.  Asimismo, la sala obliga a la citada familia a hacerse cargo de las costas procesales. 

El Consistorio, cuyos intereses legales en este caso han estado defendidos por el abogado palentino Ramón Gusano, recupera este inmueble sito en el paseo del Otero destinado en su día a aprovechamiento cultural, y el cual fue rehabilitado en 2010 con fondos del Plan E.

En su recurso, la defensa legal de la familia dirigida por Carlos Anero había solicitando la revocación y el dictado de otra sentencia por la «infracción de normas y garantías procesales» durante el juicio. Sin embargo, la Audiencia recuerda que «la Ley 5/2018 de 11 de junio de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, aludida por la defensa de los apelantes, viene a poner coto a la ocupación ilegal de viviendas, modificando las normas procesales recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la recuperación sea en realidad más rápida». Dicho de otra forma, el juicio de desahucio fue el cauce procesal correcto.

Respecto a la nulidad, la Audiencia entiende que «en el asunto nada se observa que sea merecedor de nulidad», y respecto a la oposición por parte de la familia a la demanda interpuesta por el Ayuntamiento alegando indefensión, tampoco se da el caso.

En concreto, la sala recalca que el inmueble ocupado por los demandados no es una vivienda social, presupuesto necesario que contempla el artículo 250.1.4º de la LEC, sino un edificio protegido destinado a espacio cultural, «destino que no respeta la ocupación de los demandados». Tras el fallo, esta familia tendrá un plazo de 30 días para desalojar la Casa del Agua, poniendo así a un ocupación que comenzó el 2 de enero de 201, cuando J.H.H. y A.H.H. rompieron con ayuda la cerradura de la puerta de la segunda planta de la Casa del Agua, el edificio municipal protegido en el que otrora se regulaban los depósitos de agua a los pies del Cristo de Otero, y decidió que aquel iba a ser el nuevo hogar para ellos y sus tres hijos de 2, 4 y 8 años.

«Yo no quiero entrar en casas de nadie, solo tener mi casa para estar con mis hijos», comentaba días después este joven de etnia gitana, que afirmaba que si había dado este paso ha sido para garantizar su seguridad y la de su familia, porque estaba amenazado tras tener problemas con unos familiares que residían cerca de la que era su casa.