La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, anunciada en el acto de apertura del Año Judicial si el Gobierno y la oposición no llegaban a una cuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces dio lugar a una reunión urgente entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la que salió el compromiso de trabajar de forma intensa y discreta para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la anomalía constitucional de que esa institución llevara cuatro años sin proceder a su renovación.
Lo que en un principio parecía un acuerdo que ya estaba hecho, a punto de ser firmado una vez más, se ha acabado rompiendo por parte del PP en este caso porque el Gobierno ha mantenido el compromiso de reformar el delito de sedición en el Código Penal. Las posiciones de ambas partes están tan distantes en este momento, con un cruce de acusaciones tan duras –el Gobierno es una marioneta en manos de sus socios parlamentarios; Feijóo es un títere en manos de los sectores más radicales de la derecha política, judicial y mediática y de Díaz Ayuso- que resulta imposible que a corto plazo puedan reanudarse las negociaciones para la firma del acuerdo, que según el ministro de la Presidencia iba a anunciarse el viernes 28.
Si la dimisión de Lesmes supuso dar el último impulso negociador ahora frustrado, los vocales del CGPJ debieran seguir el mismo camino del que fuera su presidente y presentar su dimisión de forma inmediata para que el órgano de gobierno del tercer poder del Estado entre en situación de colapso. Y si no dimiten los vocales de orientación conservadora, que se han constituido en minoría de bloqueo para la elección de los dos magistrados del TC que le corresponden, al menos que lo hagan los vocales identificados como progresistas.
Esta sería la actuación más lógica para desencallar la situación de rebelión constitucional que mantiene el PP para no perder la mayoría conservadora en el CGPJ y en el Tribunal Constitucional. Porque hay otras dos posibilidades que de llevarse a cabo supondrían una exacerbación del conflicto político e institucional. En esta situación el Gobierno podría tener la tentación de nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir en la renovación de los cuatro magistrados que tenían que haber sido cambiados en el mes de junio, sin esperar a los dos que debe designar el CGPJ. Los problemas que puede encontrar esa decisión en el seno del propio TC ya están evaluados y hay posiciones de expertos a favor y en contra de que el Gobierno pueda actuar de esa manera.
La otra decisión puede ser sacar del cajón la iniciativa de cambiar las mayorías necesarias para el nombramiento de los vocales del CGPJ, pasando de la mayoría de tres quintos, que obliga al menos al acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, a una mayoría absoluta con la que cuenta el Gobierno con sus socios parlamentarios. Esa es la propuesta de Unidas Podemos para desencallar este asunto. El Gobierno renunció a esa posibilidad ante las reticencias que mostró la Unión Europea para garantizar la independencia judicial, y en un intento de dar una nueva oportunidad al acuerdo.
Salvo el acuerdo cualquier otro movimiento en el ámbito político para lograr el desbloqueo de la elección del CGPJ y de cuatro magistrados del TC será provocar un nuevo conflicto en una situación inconstitucional que dura ya demasiado tiempo.