Placas sí, pero no así». Éste fue uno de los gritos más repetidos en la concentración del pasado domingo en Tábara (Zamora), cerca de la Sierra de la Culebra. El eslogan también figuraba en alguna de las pancartas exhibidas por los manifestantes. No es casual el lugar elegido para la protesta. En esa comarca zamorana, bastante empobrecida y vacía, se han puesto en marcha no hace mucho regadíos llamados a mejorar la situación de la agricultura. Pues bien, ahora esos terrenos, en los que el Estado ha invertido muchos millones, es probable que se conviertan en campos de placas solares. Abundan los proyectos en tal sentido. Han sido presentados por empresas aprovechando que, en Castilla y León, no está regulada su instalación ni existen normas concretas sobre su uso (o abuso). Aquí se pueden instalar donde le dé la gana al promotor siempre que acceda a la propiedad o arrendamiento de las tierras. Y aquí viene uno de los problemas: las empresas ofrecen un dinero que no da la agricultura ni la ganadería. Es una tentación grande, máxime si tenemos en cuenta que muchos propietarios no residen en los pueblos ni explotan esos campos. Venden o arriendan y a vivir que son dos días. Energía alternativa para luchar contra el calentamiento global y mejorar el medio ambiente. Y para exportar, claro, porque en esta región nos sobra energía…y nos faltan empresas y gente para consumirla. Pero si esos regadíos, y otros, se llenan de placas solares, ¿quién producirá los alimentos que comemos cada día?, ¿de dónde saldrán los cereales, la leche, la carne, el vino, los huevos, los quesos, las verduras? Los sindicatos agrarios ya han puesto el grito en el cielo y han recordado que, en esta región, hay unas 2.000 hectáreas sin cultivar, abandonadas por su escasa rentabilidad. ¿No se pueden poner ahí las placas y dejar las tierras buenas, regadíos y secanos, para la agricultura? Parece lo más sensato, sobre todo cuando empieza a asomar el fantasma de la falta de alimentos o de su tremenda carestía. La Junta tendrá algo que decir. Al menos, fijar unos criterios razonables. Y no permitir que impere la ley de la selva.