El adelanto del inicio toque de queda ante el avance de la tercera ola de la pandemia se ha situado en las últimas horas en el centro del debate, una vez que la mayoría de las comunidades se ha manifestado a favor de una medida que tiene implicaciones políticas, porque está amparada en el decreto del estado de alarma aprobado en el Congreso que establece su inicio a partir de las 22,00 horas. Por ello, para modificar este horario, el Gobierno debería cambiar esa normativa con el visto bueno de la Cámara Baja. Eso es lo que le van a pedir al Ejecutivo Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla en el Consejo Interterritorial que se celebra esta misma tarde.
Sin embargo, y a pesar del clamor regional, el Gabinete de Pedro Sánchez insistió ayer en que las autonomías aún tienen margen para aplicar medidas más restrictivas sobre la restricción de movilidad en la lucha contra el coronavirus, como el cierre de bares y comercios. En esta línea se pronunció ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que reiteró que el actual estado de alarma es «suficiente» para «combatir el incremento de casos» y abogó por esperar los días necesarios para que las limitaciones ya adoptadas tengan su efecto antes de tomar una decisión sobre el adelanto del toque de queda.
Las reticencias de Moncloa se explican, principalmente, por el temor a que el Congreso tumbe el nuevo texto del estado de alarma, evidenciando la falta de apoyos del Gobierno en el Hemiciclo. En este sentido, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, no aclaró si su partido respaldaría o no una modificación del Real Decreto, porque no conoce el plan de Sánchez, al que volvió a exigir que rinda cuentas «de una vez» en el Congreso.
De la unidad autonómica para el posible cambio en el toque de queda se desmarcó la Comunidad de Madrid. «Para arruinar más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten», remarcó su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que se mostró contraria a las «restricciones» que arruinan «aún más» a la hostelería, a los comercios, a la iniciativa privada y «a tantas familias».
A la espera del consenso entre Moncloa y las regiones, algunas autonomías decidieron ayer endurecer aún más sus limitaciones. Así, la Comunidad Valenciana se sumó a Castilla-La Mancha y Baleares en el cierre total de la hostelería, mientras que Navarra solo clausuró el interior de bares y restaurantes, permitiendo el consumo en las terrazas, al tiempo que limitó las reuniones en espacios privados, como la vivienda, a personas convivientes.
404 fallecidos
Ajena a las cuestiones políticas y legales, la tercera ola sigue su expansión por España. Sanidad notificó ayer 34.291 nuevos positivos, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.370.742 y supone un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por cada 100.000 habitantes, 25 más que en la jornada del pasado lunes. Además, se contabilizaron 404 fallecidos desde el lunes, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a los 54.173. También continúa al alza la presión hospitalaria, con un 17,57 por ciento de las camas ocupadas por enfermos de la COVID.