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Los asalariados avanzan el doble que la apertura de empresas

SPC
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CEOE describe un mapa de empresas que, por un lado, se redimensionan y, por otro, contiene el estímulo emprendedor a la espera de la evolución del ritmo de recuperación económica

Un grupo de trabajadores en una obra. - Foto: David Castro

Castilla y León prosigue con una lenta recuperación de su tejido productivo, que estaba integrado a finales de septiembre por 67.323 empresas cotizantes a la Seguridad Social, un dato que representa un aumento del 0,8 por ciento (504 más) respecto al mismo periodo de 2020, pero un 1,4 por ciento menos que el dato prepandemia de 2019, con 1.467 actividades menos. El tejido empresarial avanza así a mitad de ritmo que los empleos que genera, ya que se situaron en el mes de estudio en 660.515, un 1,4 por ciento más que en 2020, cuando había 651.147 asalariados, y por encima ya de los 657.656 del año 2019.

Los datos que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social, analizados por Ical, constatan que la construcción tiró fuerte de la creación empresarial durante el último año, y en comparación al noveno mes del año de 2020, estas actividades crecieron un 3,3 por ciento, hasta las 7.569. Los servicios también se recuperaron tras el enorme impacto de la pandemia, y en septiembre de este año ya había 46.875 actividades en el terciario, lo que supone un 0,7 por ciento más que un año antes. Más modesto fue el comportamiento de la industria, que cerró el mes pasado con 6.762 empresas, con un tímido avance del 0,1 por ciento. En el extremo opuesto se situaron la empresas agrarias, que contaban con 6.117 empresas cotizantes en el periodo de análisis, un 1,3 por ciento menos que en 2020.

Estos datos tuvieron su reflejo en la creación de empleo, ya que la construcción, respecto a 2020, se disparó un 4,8%, hasta los 40.694 asalariados. Los servicios daban empleo a 456.602 personas, lo que revela un aumento respecto a las plantillas el año pasado, del 1,7 por ciento; y la industria también superó en un 1,3%, sus trabajadores un año antes, hasta un total de 131.160, en un mes de septiembre «histórico» en el mercado laboral. Por el contrario, el sector agrario redujo sus empleados un 5,2 por ciento, hasta un total de 32.059 asalariados.

Para la patronal CEOE, la combinación de un menor ritmo de creación de empresas unido a un aumento del empleo «parece estar describiendo un mapa de empresas que, por un lado, se redimensionan y, por otro lado, el estímulo emprendedor podría estar más contenido, a la espera de cómo evolucionen el propio ritmo de recuperación económica»; aunque también, explicó a Ical, a todo un paquete de medidas que podrían aprobarse en torno a este ecosistema emprendedor, a la propia evolución de la Ley de Startups o a la reforma de la Ley Concursal».

«Inquietud y confusión»

CEOE Castilla y León recuerda que en la actualidad existe «una cierta inquietud» por el «desconcierto» ante las líneas de apoyo y licitaciones, tras el primer desembolso efectuado por la Comisión Europea de prefinanciación para España con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el pasado mes de agosto. De este modo, advierte la patronal, en agosto se vieron cómo ciertas subvenciones se han convocado con «poquísimo tiempo para su solicitud», cuestión que ha llevado incluso a que ciertas líneas de apoyo hayan quedado desiertas. Del mismo modo, criticaron que no se disponga de una ventanilla única aunque fuese para conocer desde un único punto informativo qué líneas de apoyo y licitaciones se están ya activando con cargo a los fondos Next Generation y cuáles son las previsiones, «lo cual está generando cierta confusión».

Por último, desde la patronal advirtieron de que la próxima aprobación de los Presupuestos del Estado y las reformas que «se han de acometer» recogen medidas planteadas desde «posicionamientos que se alejan de propiciar un marco favorable a la actividad empresarial» y, por tanto, de «mejoras del nivel de competitividad», como la prevista subida de la fiscalidad al ahorro y a las empresas. Por ello, y en especial estas medidas, «están generando inquietud por los efectos negativos que conllevan sobre la seguridad jurídica, además de incrementos de costes empresariales».