Cuando abone la factura de la electricidad de su casa o negocio y experimente un combinado de desagradables sensaciones, tenga presente que no es la única que pagará: aún tenemos que hacernos cargo del extra de costes en que están incurriendo las administraciones con estas subidas, sea en la luz de los hospitales, aulas de las universidades, centros cívicos, alumbrado público y un largo 'etcétera', que están destrozando los presupuestos de ayuntamientos, diputaciones, junta y todo lo que cuelga.
Es la misma crisis de taxistas, transportistas, propietarios de un comercio o las propias familias pero en las dimensiones que puede alcanzar en el sector público. Y ahí entra usted, aunque no lo sepa. Para sufragarlo, las administraciones retirarán prestaciones o incrementarán ingresos, es decir, exprimirán más al contribuyente.
La demagogia de los políticos que esconden su ineficiencia  con el eufemismo de 'gasto social', impide que podamos calibrar razonablemente el tamaño del agujero, pero algunos dirigentes se están sincerando y dicen que es dramático. Se duplica el gasto de los suministros, la luz, los combustibles, y el coste de la inflación aprieta también las compras públicas.
Ahí entra usted: los procesos inflacionarios suelen tener efecto de 'doble vuelta' porque somos consumidores activos, por un lado, pero proveedores pasivos, de recursos de  organismos que gestionan –irresponsablemente en muchas ocasiones– gestores elegidos por sus afinidades y no por su cualificación.
Urge un plan de eficiencia de las administraciones que pase por un ahorro de costes del que todos se sientan partícipes, empleados públicos incluidos. Urge tomar conciencia de la difícil situación por la que atravesamos. Y urge empezar ya. Viene una crisis terrible y después puede ser tarde.