Un "error administrativo" del Gobierno de España ha retrasado la implantación del programa de formación en competencias digitales básicas para un mínimo de 35.166 ciudadanos de Castilla y León. La Consejería de Movilidad y Transformación Digital se ha visto obligada a suspender la licitación que había iniciado a mediados de agosto, al corregirse la exigencia sobre la duración de los cursos, puesto que se pedía que fuera de 250 horas (diez ECTS), mientras ahora se ha optado por 7,5 horas como mínimo.

El cambio de criterio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), según fuentes de la Junta consultadas por Ical, les ha obligado a anular la licitación que estaba ya en marcha, con un plazo de ejecución de 38 meses -tres años y dos meses-, prorrogables en otros 12. Para ello, se había previsto un presupuesto de 6,97 millones de euros (IVA incluido), financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-Next Generation EU, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

La Consejería de Movilidad valora que el Gobierno haya atendido el cambio de criterio sobre la duración de la formación que habían planteado varias comunidades, entre ellas Castilla y León, ya que consideraban que 250 horas era "excesivo" para conseguir que la población adquiera una formación en competencias digitales básicas.

Sin embargo, "ante la falta de respuesta", la Junta y diferentes comunidades decidieron avanzar en el proyecto, publicando las licitaciones para llevar a cabo este programa, llegando algunos gobiernos autonómicos hasta completar la adjudicación del expediente. "Recientemente", ya en septiembre, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) les trasladó, en el transcurso de una reunión técnica, que la duración de los cursos pasaba a ser de, como mínimo, 7,5 horas, aludiendo a un "error administrativo" el hecho de haber establecido 250 horas con anterioridad.

Ante este hecho, la Consejería decidió hace unos días comunicar la suspensión de la licitación e iniciar la elaboración de unos nuevos pliegos de contratación, en el que figuren ya la reducción en el número de horas de formación. Fuentes del departamento de María González Corral criticaron la actuación de la Secretaría de Estado, porque consideraron que ha supuesto una "sobrecarga" en las tareas administrativas y una "demora" en la adjudicación e inicio del proyecto vinculado al Componente 19 del Plan de Recuperación, que busca garantizar la formación e inclusión digital, "no dejando a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía".

En concreto, esta actuación diseñada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se dirige así al conjunto de la población, y pone especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso de la formación en las zonas en declive demográfico.

1.000 portátiles para los CyL Digital

En julio, la Junta anunció una inversión de 2,1 millones de euros para la compra, la configuración, instalación, gestión y mantenimiento de 1.000 equipos informáticos portátiles que se pondrán a disposición de los usuarios de los centros CyL Digital ubicados en el medio rural.

Con esta propuesta se pretende, además de reforzar el equipamiento informático de aquellos centros de competencias digitales ya existentes en Castilla y León, fomentar la creación de otros nuevos para avanzar hacia una ciudadanía cada vez más digital, modernizando la estrategia de formación, asesoramiento y capacitación tecnológica a todos los colectivos, aunque con especial dedicación a los que tienen mayores dificultades de acceso a la Sociedad de la Información y en consecuencia en mayor riesgo de exclusión digital.

Cabe recordar que la red de centros asociados CyL Digital, integrada por telecentros, aulas informáticas o instalaciones similares, gestionados por administraciones locales, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro que se hayan adherido al programa, tiene como misión el impulso a la formación en el uso de servicios y aplicaciones de la Sociedad Digital del Conocimiento, entre los ciudadanos, los autónomos y la pequeña empresa de la Comunidad Autónoma.