Los representantes legales de las familias de las niñas de Aguilar de Campoo desaparecidas hace treinta años en Reinosa consideran «insuficientes» las actuaciones practicadas en los más de cinco meses de duración del secreto de sumario tras la reapertura del caso, el pasado verano con motivo de una nueva línea de investigación.

Así, el despacho que asiste a los familiares de Manuela Torres y Virginia Guerreo, a las que se vio por última vez en abril de 1992 cuando hacían auto-stop para regresar de la localidad cántabra a la palentina, van a presentar ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga un escrito de alegaciones con la práctica de nuevas diligencias relacionadas con las pesquisas realizadas hasta ahora.

Y también van a reiterar otras que ya fueron planteadas en el informe criminológico presentado con anterioridad ante la juez titular, que acordó la reapertura del caso en junio de 2021.

Los abogados de los allegados de las víctimas confían en que dichas diligencias sean autorizadas para «poder así acercarnos, definitivamente, a los hechos que dieron lugar a la desaparición de Manuela y Virginia, y al autor o autores implicados en dicha desaparición», y saber qué ocurrió, que es el objetivo de esta parte, según señalan en un comunicado remitido a los medios.

Lo enviaron ayer, un día después de trascender que la Guardia Civil ha rastreado un total de más de 7.400 vehículos Seat 127 desde la reapertura de las diligencias de investigación por la jueza titular, meses después de que una mujer alertara en un programa de televisión de que un año antes de la desaparición de ambas menores, de 13 y 14 años, y en la misma zona, había escapado de un varón a cuyo Seat 127 blanco se había subido.

Desde que se retomaron las actuaciones, cuyo secreto fue levantado la semana pasada por la magistrada, la Benemérita ha inspeccionado un total de 7.414 coches de ese mismo modelo y marca en seis provincias, 68 de ellos en la misma zona en la que las Virginia y Manuela vistas por última vez.

Entre las pesquisas realizadas figura además la toma de declaración por parte de los agentes al propietario del 127 al que se subió la denunciante, que curiosamente no es blanco, sino de color marrón. Si bien fue plenamente identificado, ha sido desvinculado del caso tras haber sido incluso pinchado su teléfono y la instalación de un dispositivo de seguimiento en su actual turismo.

Las investigaciones desde entonces han llevado al instituto armado a hacer lo propio, con la toma de declaración, escuchas telefónicas e instalación de dispositivos de seguimiento en sus vehículos a las tres personas que en su momento fueron también investigadas por estos hechos, pero igualmente sin resultado alguno.

El letrado de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, en declaraciones a Europa Press, calificaba de «exhaustiva» la investigación realizada ahora y la que se efectuó en su momento.

«Se confirma que se hizo en su día lo que estuvo en nuestra mano. Ojalá que el resultado nos hubiera permitido saber qué ocurrió a los dos niñas, sobre todo porque fue nuestro primer caso y lo tenemos clavado. Se hizo lo indecible para localizarlas y averiguar qué les pasó», recordaba el abogado.