El juzgado de primera instancia número 1 acaba de devolver la tutela de la propiedad de una vivienda situada en Villalobón a su legítima dueña después de que fuera ocupada ilegalmente por varios desconocidos hace casi un año, según supo este periódico de fuentes judiciales.

Las mismas fuentes indicaron que la propietaria tuvo que emprender un pleito después de que su vivienda fuera asaltada ilegalmente por parte de unos desconocidos a finales de 2019 tras acceder a la misma forzando la puerta de entrada.

El inmueble se encontraba en ese momento vacío después de haber estado un tiempo alquilado, según la información aportada a este periódico. Tras la entrada de los okupas, que al parecer durante todo este tiempo han ido rotando, la propietaria no tuvo más remedio que iniciar un procedimiento judicial civil ante la negativa de estos de abandonar por su propia iniciativa la vivienda. Concretamente, se acogió a la Ley 5/18 que entró en vigor el 2 de julio de 2018 y cuya finalidad es la agilización de la recuperación por la vía civil de aquellas viviendas que han sido ocupadas ilegalmente. 

En este sentido, la actual crisis sanitaria supuso la práctica paralización del proceso judicial y ha sido en los últimos días cuando ha podido recuperar su propiedad tras una ejecución dictada por el juzgado, si bien los okupas decidieron marcharse antes de llegar la notificación del juez.

Según ha podido saber este periódico, una vez que la dueña pudo acceder a la casa comprobó que presentaba serios desperfectos en el interior, además de la falta de enseres después de casi un año tras el inicio del pleito civil para recuperar su propiedad.

Cabe recordar que a comienzos de julio de este mismo año las alarmas saltaron en el chalé número 12 en la Urbanización La Azucarera, situada cerca del complejo residencial Los Olmillos de Villamuriel. El aviso procedía de un inmueble propiedad de una entidad bancaria que una pareja de una minoría étnica decidió okupar ilegalmente.  La presión vecinal provocó finalmente que casi dos días después de entrar cesara la okupación ilegal. Según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial en Palencia durante 2019 se tramitó un procedimiento por hechos similares que se resolvió, al igual que un segundo que había quedado pendiente a fecha de 31 de diciembre de 2018.

Asimismo, a finales de septiembre el Partido Popular de Palencia anunció la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de la provincia, así como en la Diputación, para recabar el apoyo de las entidades locales en contra de la «okupación ilegal» de viviendas, tras el crecimiento de este fenómeno en un 50 por ciento en los últimos años, alcanzando las 7.450 denuncias en España solo en el primer semestre de 2020, según este partido.

Desde el PP aseguraron que las corporaciones locales «tienen mucho que decir en esta materia, porque es un fenómeno que se ha asentado en los municipios, al tiempo que los ayuntamientos se ven involucrados en la gestión de estas situaciones».