La Moraleja reduce su plantilla un 19%

DP
-

La prisión, que ha visto mermado su personal en 94 funcionarios con respecto al año pasado, exige al Gobierno que a todos sus empleados públicos se les considere agentes de la autoridad

La Moraleja reduce su plantilla un 19%

Uno, dos, tres y hasta cuatro años llevan peleando los funcionarios de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tanto en la cárcel de La Moraleja de Dueñas, como las otras siete de Castilla y León, por la insuficiente oferta de empleo. «En Dueñas hay 94 vacantes de funcionarios, lo que corresponde al 19 por ciento del total de la plantilla (de 494 han pasado a 400 en un año). La mayoría se va, sobre todo, por jubilación y, esas plazas, no se han vuelto a cubrir», revela uno de los delegados de CSIF en Palencia, quien prefiere permanecer en el anonimato. «Falta personal en tratamiento. Tenemos siete educadores de 12 que son habitualmente; se han ido tres psicólogos y no tenemos ahora mismo en la prisión a ningún psiquiatra», explica. «Hay un problema muy grande y la Administración Penitenciaria está mirando hacia otro lado», comenta preocupado.


Pero no es el único problema. A este se suma que desde hace varios años, esta prisión está declarada como una de las más peligrosas de España. «Hemos llegado a tener hace cinco o seis años a 1.800 internos. Ahora  hay 750 y, aunque se haya reducido a casi la mitad, hay mucho más riesgo que antes, porque ahora internan en esta prisión a gente muy peligrosa, con antecedentes de asesinato, de atentado o de homicidio», expone el delegado. «Cuando hay algún que otro incidente grave en cualquier parte de España, una de las prisiones referentes para encarcelarles es Palencia, porque es un lugar muy tranquilo en lo que a delincuencia se refiere», alega. Además de los presos de ETA que había antes internos en esta cárcel, han entrado dos más, según fuentes consultadas por este periódico. Además de estos cinco etarras, el viernes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó el traslado desde la cárcel de Cáceres a La Moraleja de Aitor Olaizola, autor del atentado en Roses (Girona) en el que murió el mosso d’esquadra Santos Santamaría.


Es un centro penitenciario problemático, y si a eso se suma la falta de personal en la prisión, esta situación se agrava más. «Muchos de los presos tienen también problemas psicológicos que continuamente están provocando incidentes muy violentos», subraya. «Continuamente nos están insultando y amenazando, además de que nos agreden físicamente. No tenemos ninguna protección y no nos consideran agentes de la autoridad», desarrolla el delegado. Desde CSIFquieren aclarar que la Administración Penitenciaria «no está haciendo lo que tiene que hacer» y les tienen «olvidados». «No puede ser que algún compañero aparezca con una muñeca dislocada o una pierna rota, se les ponga una indemnización, se declaren insolventes y, cuando la institución tiene que hacerse cargo, no lo hace», comenta.


Cuando Pedro Sánchez llegó  a la Moncloa, les dijeron que entendían las reivindicaciones y alegaron que se les atendería, pero «no nos están haciendo ni caso, así no podemos seguir trabajando». 


Un problema más grande. La cárcel de Dueñas no es la única que sufre este tipo de problemas. La oferta aprobada para prisiones por el Gobierno «es completamente insuficiente para solucionar la situación de falta de medios humanos que lleva arrastrando desde hace varios años, y que contará solo con 1.063 nuevas plazas de funcionarios y personal laboral: 900 para el Cuerpo de Ayudantes, 52 para el Técnico y 15 para el Especial», expresa Fermín Pinto, responsable de prisiones CSIF Castilla y León. «Además, se convocan 40 plazas para el Cuerpo Facultativo, 51 de Enfermería y cinco plazas de personal laboral de Farmacéuticos. Una oferta laboral que no permitirá la adecuación estructural de las plantillas de los centros penitenciarios, y pondrá en riesgo el normal funcionamiento de las ocho prisiones que hay en la Comunidad», explica.


La situación de los centros penitenciarios de Castilla y León, que ya era muy delicada, se está viendo agravada con los efectos de la pandemia de la Covid-19, ya que han puesto su situación aún más en evidencia, viéndose muy tensionados y, en algunos momentos, situándose al borde del colapso. «En estos momentos, tenemos más de 440 trabajadores repartidos por todas las prisiones de la Comunidad que están aislados por ser positivos en Covid-19 o por cuarentenas por contactos, cifras mucho peores que en la primera ola de la pandemia. Tenemos un problema muy grave», asevera Pinto.


El Plan Estratégico de Recursos Humanos presentado el pasado 20 de octubre por CSIF, contempla un plan para crear un total de 3.500 plazas en las ocho Instituciones Penitenciarias de la Comunidad «necesarias para garantizar un modelo de administración que funcione adecuadamente», concluye.