Ya esta aquí. Lo que temíamos todos, lo que preveían quienes llevan semanas alertando sobre la gravedad de la situación porque conocen bien las consecuencias del alza desmedida del precio de los carburantes, ya está aquí.
Los transportistas están en huelga porque les cuesta más dinero sacar sus camiones que el que reciben por recoger y llevar la carga de un lugar a otro. El gobierno está indignado y ha montado una gran operación de policía y guardia civil para que los transportistas que quieran hacer su trabajo puedan hacerlo sin temor a la acción de los piquetes. Arremeten los ministros en sus declaraciones contra los huelguistas y los acusan de formar parte de la ultraderecha.
Esta periodista no sabe si son de ultraderecha o de ultraizquierda, si son de Vox, de Podemos, o de nada; pero sí sabe que piquetes amenazantes y que no dudaban en recurrir a la violencia, los ha habido siempre y generalmente amparados por la izquierda, que defendían su libertad de manifestación aunque recurrieran a métodos delictivos o que rozaban lo delictivo. Y este gobierno, hace precisamente un año, el pasado 23 de abril, derogó el artículo del Código Penal que castigaba a los huelguistas que utilizaban la violencia.
Decía el artículo que «Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». El único que no se puede quejar de la actitud de los piquetes es el gobierno que promovió la anulación de este artículo.
Los huelguistas pertenecen en su mayoría al sector de autónomos, o a pequeñas empresas que no sobreviven con el precio de los carburantes; llevan semanas haciendo números y no les salen. Han dicho de mil maneras que había que tomar medidas para paliar su catastrófica situación, y ante la incapacidad del gobierno para hacer lo que están haciendo otros países europeos, mucho más preocupados que el español por sus trabajadores, han decidido ir a la huelga para ver si de esta manera, como ha ocurrido cuando eran sindicatos de izquierda los convocantes, el gobierno atendía a sus peticiones. Que, de no cumplirse, tendrán consecuencias catastróficas para todos los sectores sin excepción, pero ahora mismo son los transportistas, agricultores y ganaderos los principales perjudicados. Y con los ciudadanos preocupados ya por abastecerse de productos de primera necesidad cuando empiezan a ver estantes semivacíos donde antes había aceite, leche, frutas y verduras.
Un gobierno que arremete contra unos huelguistas que no son de su cuerda, en lugar de tomar medidas para que no se encuentren en una situación que les lleva directamente a la miseria, no merece confianza. Mucho menos cuando enarbola como principal bandera su preocupación por el bienestar social y afianzar un trabajo estable.