El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la medida cautelar que impuso en una escuela para que se imparta al menos un 25% de horas lectivas en castellano, ya que al parecer del tribunal "no es incompatible" con la nueva normativa del Govern sobre lenguas en la enseñanza.
Por otro lado, el TSJC también ha ratificado en un segundo auto la medida cautelar en otro centro, aunque esta escuela ya era una de las nueve anteriores en las que se había rechazado la revocación de las cautelares, según ha consultado Europa Press en dos autos de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
En ambos autos el tribunal rechaza el recurso de la Conselleria de Educación de la Generalitat, que pidió revocar la obligatoriedad que el tribunal había fijado en febrero, y que se suman a las nueve escuelas conocidas durante las últimas dos semanas.
Según ha informado la Conselleria de Educación, hasta el momento se han notificado 11 resoluciones de diez centros, y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha precisado que uno de los casos conocidos este lunes es de una escuela a la que ya se le había ratificado la medida.
En su argumentación, el TSJC avisa de que la nueva normativa catalana "no incide necesariamente en la decisión cautelar adoptada, puesto que, si bien se modifica el modelo lingüístico de la enseñanza pública, no se limita genéricamente la intensidad del uso del castellano como lengua de uso curricular y educativo".
Sin embargo, los jueces recuerdan que "existe una resolución judicial firme, de naturaleza cautelar, que reconoce el derecho del alumno a recibir una enseñanza en castellano con una determinada intensidad de uso", en referencia a las cautelares que dictaron en febrero, y añaden que esto no queda afectado por la nueva normativa del Govern.
En cambio, no descartan que las medidas cautelares puedan verse afectadas una vez se haga la "aplicación singular" de la nueva normativa en las escuelas.
Aun así, insisten en que la normativa "en ningún caso incide de forma instantánea sobre situaciones jurídicas individuales ya reconocidas", como estas medidas cautelares.
La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, aseguró al conocerse las dos primeras resoluciones sobre la medida cautelar del 25% de horas lectivas en castellano que se trataba de "filibusterismo jurídico".
Decreto del Govern
En mayo, el Govern aprobó un decreto ley que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza y que fija al catalán como lengua vehicular, en respuesta a la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano.
El propio TSJC constató la "imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia del 25% porque se contradice con esta nueva normativa, y ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).
En concreto, el decreto del Govern estipula que el uso del castellano se deberá definir en función de criterios pedagógicos, y los jueces argumentan ahora que "en este caso, no se alegan ni constatan cuáles son los criterios pedagógicos individualizados que determinan la necesidad de modificar la decisión cautelar".
Los jueces consideran que la obligación cautelar de usar al menos un 25% de castellano "tampoco resulta afectada por la prohibición de porcentajes" que fija el decreto.