El ingreso mínimo vital (IMV), una prestación pionera en España, cumple dos años llegando a casi 450.000 hogares en los que viven 1,1 millones de personas, aún la mitad del objetivo inicial pero con mejoras, como el complemento a la infancia, en el camino de ser algo más que una mera ayuda social.
El IMV, una renta reclamada durante años por los sindicatos y otras entidades del tercer sector, formó parte del programa del Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, pero su aprobación se aceleró tras el golpe más duro de la pandemia y la medida vio la luz el 29 de mayo de 2020 con el reto de llegar a unos 850.000 hogares y 2,3 millones de personas.
Con la presión del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la prestación, inédita en España y diseñada por el Ministerio de Inclusión, arrancó con unas ayudas entre 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas, cifras que se han ido actualizando cada año.
El primer pago llegó a finales de junio de 2020 a 74.119 hogares con un desembolso de 32 millones de euros. Todo el proyecto contaba con 3.000 millones de presupuesto.
El objetivo de la iniciativa, destacó el Ejecutivo, era «erradicar la pobreza extrema» y conseguir «la inclusión social y la participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad».
Su puesta en marcha supuso un atasco de solicitudes en un momento muy complejo de la pandemia con la Administración pública teletrabajando por primera vez y sobrecargada de tareas.
Unos meses después, en marzo de 2021, se detalló que en nueve meses se habían recibido 1,2 millones de peticiones, tramitándose el 75%, 873.000 expedientes, de los que más de 600.000 se denegaron, en muchos casos por niveles de renta, y se aprobaron más de 210.000.
En la actualidad y de acuerdo con los últimos datos disponibles, desde la puesta en marcha de la medida, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recibido más de 1,7 millones de solicitudes, muchas de ellas rechazadas, lo que ha obligado a hacer cambios.
El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, firme defensor de la evaluación y medición de las políticas públicas, ha subrayado en numerosas ocasiones que el IMV es una política «viva», pues estará «permanentemente aprendiendo de la realidad en la que pretende incidir».
Así, un año después de su aprobación, y dentro de la tramitación parlamentaria, se introdujeron mejoras, entre ellas el complemento de ayuda a la infancia que comenzó a recibirse el pasado enero.
La subvención varía en función de la edad (100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta tres años, 70 euros por cada menor de entre tres y seis años y 50 euros por los de entre seis y 18) y se ampliaron los umbrales de renta para poder recibirlo.
Los últimos datos de la Seguridad Social, 200.000 hogares están ya percibiendo ese complemento de ayuda a la infancia. Junto a esto, se convirtió en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se elevaron los umbrales de renta y patrimonio, con el fin de cubrir situaciones de pobreza sobrevenida. El objetivo con estos cambios era alcanzar a 1,6 millones de beneficiarios, una cifra para la que queda recorrido.
Críticas
La ley del ingreso mínimo vital fue definitivamente aprobada en el Congreso a finales de 2021 -un año y medio después de su entrada en vigor como decreto ley- sin votos en contra, pero con críticas de la oposición a un erróneo diseño que ha limitado la ayuda a menos de la mitad de los beneficiarios previstos. La portavoz del PP, María Teresa Angulo, denunció que esta ayuda se haya convertido en un «gran fracaso» ejecutándose tan solo la mitad del presupuesto que tiene asignado.
Tras esta aprobación, el proyecto se ha seguido perfeccionando con el objetivo, destacan desde Inclusión, de que no se convierta «en una trampa de pobreza» y de llegar a más personas. Una de esas mejoras fue la puesta en marcha del Registro de Mediadores que permite a entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. En ese registro ya hay nueve entidades, entre ellas Cruz Roja, Cáritas o la Fundación Secretariado Gitano.