Luz, más luz, que dicen que dijo Goethe antes de su muerte y eso se le puede exigir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha propuesto al Gobierno central negociar un "acuerdo de claridad" para pactar la celebración de un referéndum de autodeterminación, durante su intervención en el Debate de Política General celebrado en el Parlament de Cataluña, en el que ha vuelto a insistir en los dos aspectos en los que los independentistas quieren negociar con el Ejecutivo y que chocan con la legalidad constitucional, la amnistía y el cese de los juicios por el 'proces' y la autodeterminación. Es el presidente catalán quien tiene que hacer su formulación con más claridad.

Al margen de que el tono de Aragonés haya sido comedido y no se hayan percibido muchas amenazas, el camino propuesto por el presidente catalán es largo, erizado de dificultades, desde la primera fase en la que se trataría de reunir el máximo consenso alrededor de esa propuesta e implicar en este proceso tanto a independentistas como contrarios a la secesión. Ocurre que por la experiencia previa es difícil fiarse de los partidos independentistas, empezando por ERC que es el del que parte la iniciativa y que Junts no acaba de aplaudir, que la CUP tiene más prisa y está por la respuesta antisistema, y porque los partidos constitucionalistas tienen la experiencia previa de hace cinco años sobre cómo se tramitaron las leyes de desconexión dinamitando su derecho a participar en los debates parlamentarios.  O sea, que en mucho cambia el ambiente y hay mucha claridad en el procedimiento para saber si el ejercicio del derecho de autodeterminación cuenta con mayoría suficiente o el proyecto se cae por la base. Para ello no vale que el CEO, el CIS catalán, afirme que hay un 82% de la población partidaria de ejercer ese supuesto derecho, porque la composición parlamentaria no indica lo mismo y eso que por primera vez en el Parlament catalán hay mayoría de votos y escaños de partidos independentistas.

Dando por hecho la existencia de una mayoría social a favor de ejercer el derecho de autodeterminación, quedaría la segunda parte, la negociación con el Gobierno y la votación en el Congreso, siguiendo el esquema de la Ley de Claridad canadiense en la que se apoya a propuesta de Pere Aragonés, para lo que habría que salvar los insalvables   límites establecidos por la Constitución.

La ley de claridad canadiense, del año 2000, puede ser un arma de doble filo que se vuelva contra los intereses de los independentistas. En primer lugar porque la ley establece que sería la Cámara de los Comunes –en el caso canadiense- y el   Congreso -en el caso español quien determinaría  cuál es la "mayoría clara" de participación y votantes a favor de la secesión que le daría validez. Es decir, nada más alejado del cincuenta por ciento más uno que los independentistas consideraban suficientes en el procés del 1-O de hace cinco años para declarar la independencia. Y quizá el argumento fundamental sobre la propuesta que puede generar tensión entre los propios 'indepes' es que los propios secesionistas quebequeses no aceptaron la Ley de Claridad canadiense y elaboraron la suya propia.
Pero la Ley de Claridad ha tenido una virtualidad, la de que a los secesionistas de la provincia de Quebec no han vuelto a convocar un nuevo referéndum desde 1995.