El Ayuntamiento supo el pasado viernes que el Tribunal Supremo no admitía a trámite su recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el pasado 21 de abril obligó al Consistorio a cumplir, tal y como reclamaba la Diputación, el convenio que ambas instituciones firmaron para hacer posible la conexión de la calle Jardines, y que en la práctica se traduce en el pago por parte de la ciudad de unos 25 millones de euros a la institución provincial.
Todos los esfuerzos y recursos que el equipo de Gobierno de Mario Simón ha invertido durante los últimos meses en que la justicia diese por buena la reinterpretación del acuerdo de la calle Jardines respaldada por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento han fracasado. Ahora, con la vía judicial cerrada, ha llegado el momento de negociar con la Diputación cómo se van a pagar esos 25 millones de euros, una cantidad que compromete los presupuestos municipales de los próximos años.
En una escueta nota de prensa, el Consistorio informaba ayer del fallo judicial, su acatamiento y el inicio de las conversaciones para dar carpetazo a este asunto. «El Ayuntamiento, como administración pública, debe dar cumplimiento a la sentencia, pero, eso sí, tratando de que sea lo menos gravosa para los palentinos», aseveró el alcalde, Mario Simón, tras una primera reunión con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.
Ese es, a partir de ahora, el nuevo objetivo del equipo de Gobierno del PP y Cs, «cumplir la sentencia de la manera más conveniente para los intereses de los palentinos y darla por finalizada dentro del período voluntario de ejecución a un conflicto que se ha prolongado desde septiembre de 2005». Esto significa que el Ayuntamiento quiere tener cerrado el acuerdo antes de que termine el año.
A alcanzar rápidamente un acuerdo urgieron ayer también los grupos políticos del PSOE en el Ayuntamiento y en la Diputación. «Que busquen una solución política de forma inmediata», aseveraron Miriam Andrés y Miguel Ángel Blanco, portavoces en una y otra administración, respectivamente, quienes exigieron la convocatoria de la mesa de trabajo creada el pasado mandato.
Para Blanco y Andrés, «la búsqueda de la solución política debe priorizarse por encima de cualquier otro asunto, máxime cuando a los intereses financieros se suman al día más de 2.500 euros de intereses procesales desde el pasado abril».
«No existe nada más urgente y prioritario que alcanzar un acuerdo político que ponga freno a los intereses de una vez por todas y para afrontar de manera realista los presupuestos, sobre todo los municipales. El acuerdo al que se llegue va a afectar no solo a esta corporación, sino también a las próximas, por lo que la solución debe de ser consensuada por todos o, al menos, la mayor parte de los grupos con representación en ambas instituciones», sentencian los socialistas.
hacia el final. Ocurra lo que ocurra, lo único cierto es que el final a esta compleja situación arrastrada desde 2010, en las postrimerías de los mandatos del regidor socialista Heliodoro Gallego y del popular Enrique Martín como presidente provincial, está más cerca.
Fue entonces cuando ambos dirigentes alcanzaron un acuerdo que permitió conectar la calle Jardines y que pasaba por la cesión de 38.287 metros cuadrados al Consistorio a condición de que este le devolviera a la institución provincial en el plazo de dos años 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada.
Esa recalificación debía deparar a la Diputación 19 millones de euros a través de la explotación urbanística de ese suelo, pero el pacto nunca se ejecutó y ambas instituciones lo fueron aplazando con cuatro prórrogas -2012, 2014, 2016 y 2018- que han generado millones de euros en intereses.
Las negociaciones entre las instituciones para alcanzar un acuerdo sobre el cumplimiento del convenio terminaron cuando en septiembre de 2019 la Diputación solicitó la ejecución del convenio para evitar la prescripción de los plazos legales. El Ayuntamiento recurrió primero al Consejo Consultivo, que declaró válido el acuerdo firmado en 2010, y más tarde, a la vía judicial.
El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) falló en contra del Consistorio, que, no obstante, decidió presentar un recurso de casación ante el Supremo, que ha decidido inadmitirlo. Ahora llega el momento de pagar.