El próximo mes de septiembre se cumplirá un año desde la última reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña y la senda de las palabras parece estar encallada. Sin fechas para los próximos encuentros, tras el aplazamiento sine día del que estaba previsto para el pasado febrero, ni avances oficiales en las conversaciones, el Gobierno central y la Generalitat defienden que se sigue trabajando de «forma discreta» en esta vía, algo que no termina de convencer al bloque secesionista.

De hecho, los discursos de las partes implicadas difieren, y así volvió a evidenciarse tras la última Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana en La Palma. Después del encuentro, el Ejecutivo central, en palabras de su portavoz, Isabel Rodríguez, afirmó que la relación entre Estado y Govern ya estaba normalizada y había una «absoluta colaboración» en los foros multilaterales y bilaterales. Asimismo, mantuvo que ambos seguían trabajando en el cierre de una nueva reunión. 

La visión de ERC en este asunto es diametralmente distinta. La secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta, negó tal «normalización» de relaciones pese a que, manifestó, esto es lo que querría el Gobierno central, y avisó de que no se llegaría a esa situación hasta que se atiendan las demandas de autodeterminación y amnistía: «Mientras esto no pase, no podremos hablar de normalidad en ningún caso», zanjó.

No obstante, sobre la mesa de diálogo, Vilalta coincidió con Rodríguez en su defensa de que Generalitat y Ejecutivo central están trabajando «de forma discreta» en el tema, aunque apuntó que no quieren especular con la fecha de la próxima reunión, que los dos esperan que sea lo más pronto posible. «Cuanto menos ruido y más discreción, mejor», señaló, afirmando que este encuentro se hará cuando se haya madurado un acuerdo y se puedan mostrar avances en la resolución del conflicto.

Sobre cómo pretenden garantizar que haya un calendario claro de reuniones, como establece la ponencia de ERC recientemente aprobada, la republicana expresó que su voluntad es planificar cómo puede desarrollarse la negociación, pues es un proceso que involucra a dos partes, por lo que reivindicó que las citas públicas de la mesa de diálogo tienen que servir para que haya contenido y «no solo para pasar el rato o hacerse una foto».

Otras fuerzas independentistas no ven tan claro que la vía de las palabras esté funcionando, como es el caso de Junts. De hecho, el vicepresidente y portavoz de la formación, Josep Rius, reclama que el líder de la Generalitat, Pere Aragonès, no asista a otra Conferencia de Presidentes si el Gobierno de Pedro Sánchez incumple los pactos y compromisos adquiridos.

«Tenemos que ver si lo que ha prometido Sánchez en esta cumbre se confirma o se queda solo en meras promesas. Si es así, Aragonès no debe volver a asistir a ninguna otra Conferencia de Presidentes», sostuvo. Por ello, consideró que el resultado del encuentro era «claramente insuficiente» y calificó de un «error» confiar en el líder del PSOE porque «no cumple sus promesas».

De hecho, Rius reprochó al jefe del Ejecutivo que hubiera intentado aprovechar la Conferencia de Presidentes para enviar el mensaje público de «una falsa normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto de España».

Además, le acusó de haber congelado «sine die la mesa de diálogo, una mesa de silencios, que no tiene calendario ni temario a tratar», y de buscar pretextos para no reunirla nunca, ya sea por la pandemia, las elecciones y ahora la invasión rusa de Ucrania.

Y, tras advertir que sería un error condicionar las negociaciones con el Estado a cuestiones que no sean la amnistía y la autodeterminación, evitó incidir en las declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre que la negociación con el Gobierno acabará llegando seguro tarde o temprano.

«Si el diálogo algún día llega o no, ya se verá. Hoy sabemos que esta mesa hace tiempo que no se reúne, y no hay ninguna fecha prevista para que se vuelva a reunir», reiteró el también diputado de Junts en el Parlament.

'Hoja de ruta' clara

El pasado día 13, ERC aprobó su nueva ponencia política, con el 97 por ciento del respaldo de sus militantes, marcando su hoja de ruta para los próximos años. Un texto en el que redoblaba su apuesta por la vía negociadora con el Gobierno central, pero abriéndose a «alternativas» como «la desobediencia o el desbordamiento democrático» si la mesa de diálogo fracasa.

En concreto, el nuevo GPS político de la formación republicana reafirma que la mejor manera de resolver el «conflicto» en Cataluña es a través de un proceso de negociación y un diálogo «sincero, sin condiciones y en el que se pueda hablar e todo».

No obstante, aunque deja claro que «la mejor confrontación democrática» es la mesa de negociación, apunta que debe ir acompañada de una «revitalización del movimiento social, amplio y transversal, a favor de la independencia», como también de «fortalecer los grandes consensos, como la amnistía y la autodeterminación».

Por otra parte, los de Junqueras exigen que en esa negociación se «establezca una metodología clara, un calendario acordado de reuniones que se pueda cumplir, así como el retorno a la ciudadanía de los frutos de la negociación».

«Hemos aprendido que ponernos límites y corsés en formas de fechas fijadas u hojas de ruta inamovibles nos debilita y limita el margen de maniobra», admite ERC. «Por eso no hablamos de cuándo se producirá la independencia, sino qué condiciones hacen falta para llegar y trabajar para que se den», añaden, para remarcar las líneas rojas a las que no piensan renunciar: por un lado, amnistía, que «ponga fin a la a la judicialización del conflicto»; y, por otro, el derecho de autodeterminación, a través de un referéndum «vinculante y con reconocimiento internacional», porque es «la más homologada fuera de España».

En cualquier caso, ERC admite que «no es ingenua» y, por ello, debe «estar preparada por si la negociación no da los resultados esperados», apostando entonces por vías «no violentas». «No renunciamos ni renunciaremos a ningún instrumento para llegar a la república catalana, desde acciones de desobediencia política y social hasta las de desbordamiento democrático, para posibilitar el derecho de autodeterminación», sentencian.