Izquierda Unida y Podemos Palencia, integrados en la coordinadora Recuperando, reclamaron ayer en una concentración en la capital una ley que fije los criterios para calificar el patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.

«Se trata de recuperar bienes culturales públicos que la Iglesia ha inmatriculado. Consideramos que  los 1.000 bienes que se han reconocido como registrados a su nombre de forma incorrecta en todo el país alcanzan realmente la cifra de 100.000. En este listado no figura de qué patrimonio religioso concreto se trata y tampoco considera como bienes inmatriculados inmuebles anexos o que forman parte de catedrales o templos», según explicó el coordinador local de Izquierda Unida, Arturo de Íscar.

En su opinión, en el conjunto del país hay numerosos inmuebles que «en teoría tiene en propiedad la Iglesia por las inmatriculaciones realizadas, pero que se han registrado de forma incorrecta». Por ello, desde IU y Podemos se pidió al Gobierno que elabore un legislación que «exija que se devuelva a los ciudadanos todo este patrimonio expoliado por normativas que consideramos que son injustas desde el principio».

Arturo de Íscar concretó que existen pueblos de la provincia con propiedades que la Iglesia se atribuye incorrectamente. «Como ejemplo están las casas del cura, construidas incluso por trabajo comunitario vecinal conocido como A Huebra, donde habitaba el sacerdote y la acababa inscribiendo como si perteneciera a la diócesis. Sin embargo, con la casa del maestro esta situación no se daba», aseveró.

Por todo ello, las fuerzas políticas convocantes de la concentración de ayer -que se llevó a cabo también en en Asturias, Valladolid, León y Navarra- expusieron que «si los ministros socialistas del Gobierno no han estado a la altura de su compromiso y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio», la coordinadora estatal Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. «Hay que conseguir que  se lleve a cabo una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro», indicaron.