Se acaba de producir un nuevo nombramiento de bochorno. Dolores Delgado, que ya provocó bochorno por cómo fue elegida Fiscal General del Estado, ha sido tocada ahora por la varita mágica de su sucesor y amigo, Alvaro García, que la ha nombrado Fiscal de Sala del Tribunal Supremo sin el visto bueno del Consejo Fiscal. Sus decisiones no son vinculantes pero generalmente se tienen en consideración. El nuevo Fiscal General, además, ha relevado al Teniente Fiscal, con el que ni él ni Delgado tenían una relación especialmente buena. El nuevo teniente fiscal tampoco ha contado con el respaldo del Consejo-
La semana que viene llega a Madrid el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Lleva mucho tiempo, así como otras autoridades europeas, llamando la atención al gobierno español por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, y advirtiendo también que la posición de la UE en el sentido de que son los jueces quienes deben elegir a los cargos judiciales, no los políticos. Bruselas ha llegado a dar plazos a España para que solucione lo que considera una anomalía, pero ni Moncloa, ni el ministerio de Justicia han movido un dedo en ese sentido. Se limitan a acusar al PP de bloquear la renovación del CGPJ -casi cuatro años en funciones- porque exige precisamente que se cambie el sistema de elección para que sean los jueces los que decidan o, al menos, que para llegar al acuerdo de renovación el gobierno se comprometa a dar urgencia al decreto para cambiar el actual sistema de elección.
Para mayor bochorno -aún más- de los españoles en general y los vinculados al mundo de la justicia en particular, en los despachos y pasillos de Bruselas es habitual escuchar comentarios en los que se equipara a España con Hungría respecto a la politización de la Justicia. Al gobierno húngaro, en los últimos días ya se le ha advertido que, o se atiene a las reglas de la democracia respecto a la Justicia, o se queda sin los fondos europeos.
El presidente del CGPJ Carlos Lesmes anunció días atrás que si no hay renovación antes de fin de dimite de su cargo. En Moncloa y ministerio siguen sin inmutarse: el argumentario se centra en la acusación al PP de bloqueo. Ya está en marcha el procedimiento para sustituir a Lesmes, lo que significa que tanto Sánchez como la ministra Llop dan por hecho que Lesmes se va. Entra el magistrado que corresponde, el presidente de Sala más antiguo del Supremo, y listo.
Y ya puestos en el bochorno que produce un gobierno al que la justicia le importa un bledo, su ministra más inefable, Irene Montero, propone que los niños tengan relaciones sexuales "con quien les dé la gana". Aparte de otras consideraciones morales ¿no hay ningún compañero de gobierno que le explique que hay un delito que se llama pederastia?
No hay día sin motivo para llevarse las manos a la cabeza.