La Consejería de Familia tendrá que dar información sobre las muertes y contagios provocados por la covid-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de titularidad privada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló una orden del departamento que dirige Isabel Blanco, del 1 de diciembre de 2020, por lo que obliga al Gobierno autonómico a hacer pública esa información. Una decisión que llegada después de que el TSJ haya admitido un recurso por el que se reconoce a un particular el derecho de acceder a estos datos y ordena a la Consejería que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, facilite toda la información solicitada en fecha 4 de mayo de 2020. El recurrente presentó una solicitud de acceso a información pública en la que solicitaba datos sobre el número de personas contagiadas en las residencias, entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, desglosado por residencias; el número de personas fallecidas en las residencias en el mismo periodo, desglosado por residencias e indicando positivos y con sintomatología compatible, y el número total de fallecidos de cada residencia con positivo confirmado o con sintomatología compatible, así como enumerar cuántos decesos se produjeron en la residencia y cuántos en el hospital.
Petición que fue estimada parcialmente por la Consejería, por la que concedía el acceso a la información solicitada relativa a cada uno de los centros residenciales de titularidad de la Junta, pero en la que denegaba el acceso a la información solicitada relativa a cada uno de los centros residenciales privadas. El Tribunal también condena a la Junta al pago de las costas y señala que la sentencia no es firme, por lo que se puede interponer recurso de casación en el plazo de treinta días.
Sobre la sentencia, la secretaria de Organización del PSOE regional, Ana Sánchez, vinculó esta respuesta con una «cadena de despropósitos» en el «deterioro» de la calidad democrática de Castilla y León, tras la llegada de Vox al Gobierno de la Junta, pero a su juicio también con el PP, por «muchos años de prácticas deleznables».