scorecardresearch

La interinidad afecta a uno de cada tres profesionales

Alberto Abascal
-

El presidente de la Audiencia aboga por la creación en materia civil de formas alternativas de resolución de los conflictos

Imagen de archivo de una vista oral celebrada en el palacio de Justicia de Palencia. - Foto: ÓSCAR NAVARRO

La exención del juzgado de primera instancia número 2 como entidad exclusiva para resolver los litigios relacionados con las cláusulas suelo, la elección del nuevo decano en la persona de Jorge Martínez Moreno, titular del Juzgado de lo Penal, y el trabajo realizado por los denominados jueces sustitutos ante la marcha o la baja laboral de los titulares de varios juzgados, fueron la tónica dominante en la Administración de Justicia en Palencia durante 2021.

Pero el nuevo decano de los jueces palentinos, Jorge Martínez Moreno, ha puesto de relieve en su Memoria 2021, que ha sido entregada al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la enorme interinidad en el personal de la Oficina Judicial y los movimientos de personal titular, que han afectado a un tercio aproximado de la plantilla.

Asimismo, destaca la realización durante todo el año 2021 de actuaciones telemáticas de juicios y otras procesales y jurisdiccionales, con el empleo de los medios informáticos proporcionados, «de manera generalmente satisfactoria», en un número aproximado de 4.000.

En  materia de peticiones, el decano de losjueces de Palencia expone en su memoria, una vez más, que considera necesaria la creación de un nuevo juzgado mixto, con competencias de 1ª Instancia e Instrucción (pasaría a ser el número 8 de Palencia ) o, subsidiariamente, con competencias en materia de familia y capacidad de las personas como consecuencia de la existencia en la capital de dos importantes centros asistenciales para el tratamiento y atención en régimen -la mayoría de internamiento- de enfermos con problemas de tipo psiquiátrico, lo que aliviaría enormemente la creación del nuevo órgano judicial mixto.

Conforme a los datos de registro de asuntos civiles que obran en el Decanato, se constata el elevado número de asuntos civiles que han tenido entrada, así como una mayor complejidad en el contenido material de las demandas. En el año 2021 tiene una especial significación el elevado número de demandas incoadas en los juzgados de primera instancia e instrucción números 1, 2 y 5, con una carga de trabajo muy por encima de los módulos establecidos por el CGPJ.  Lo mismo ocurre en los juzgados 1 y 2 de Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes, según exponen en dichos departamentos judiciales.

Los juzgados de la capital son mixtos, «circunstancia que se presenta inviable», a juicio del decano, con la carga de trabajo asumida por los mismos, resultando por ello imprescindible y necesario la separación de la jurisdicción civil de la penal. Jurisdicción mixta que en tres juzgados se debe, asimismo, compatibilizar con otras materias (el juzgado n° 1 con mercantil, el juzgado n° 4 con registro civil y el juzgado n° 6 con violencia sobre la mujer), mientras que los cuatro juzgados restantes (los n° 2, 3, 5 y 7) deben asumir un mayor número -sobre todo civil- por la exención reconocida a los primeramente citados. Si se tiene en cuenta, como criterio orientativo, el módulo de entrada que fijó el Consejo General del Poder Judicial en el acuerdo aprobado definitivamente por el pleno celebrado el 20 de septiembre de 2013 para los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en general (civil 450-550 incluida ejecución y penal 2.062- 2.470 excluidas ejecutorias), «se comprueba que todos los juzgados mixtos de Palencia –por extensión los de Cervera y Carrión- superan ampliamente tal módulo civil, situación que podría corregirse con la creación del juzgado de primera instancia e instrucción n° 8 y, en su caso, la posible separación de jurisdicciones e incluso, la especialización de un juzgado en materia de familia», apunta el decano, Jorge Martínez Moreno, que en el último apartado de su Memoria expresa al TSJCyL necesidades materiales más concretas para las distintas unidades judiciales.

REFUERZOS URGENTES. Asimismo, los dos Juzgados de lo Social precisan «de forma urgente» de refuerzos dado el elevado número de ingresos y la pendencia que presentan. En cuanto a la Audiencia Provincial, el volumen de trabajo ha sufrido en el año 2021 un notable incremento en la materia civil y una estabilización al alza de la penal, según expone en su informe el presidente, Ignacio Javier Rafols Pérez. «Probablemente, lo primero sea consecuencia del retraso en la llegada de recursos como consecuencia de la paralización de la actividad judicial que se produjo en 2020 durante casi dos meses, que determinó en ese año una bajada en el número de asuntos registrados, especialmente en civil», apunta Rafols en su Memoria anual. «Debe recordarse que la litigiosidad civil ha seguido un marcado curso ascendente desde la desaparición de las tasas judiciales, siendo de esperar que continúe por la situación de crisis económica generada por la pandemia. En este punto, las medidas alternativas previstas en el proyecto de Ley de Eficacia Procesal pueden servir de freno a una litigiosidad que se ha desbordado en el año 2021 y no tiene visos de moderarse en los próximos años», pormenoriza  el presidente de la Audiencia Provincial.

Para Rafols, el incremento general de la litigiosidad civil, no solo está vinculado a los pleitos bancarios, claramente a la baja en Palencia, y pone de manifiesto «la urgente necesidad de adoptar medidas alternativas para la resolución de conflictos». «La creación en materia civil de formas alternativas de resolución de los conflictos subyacentes, incentivando la mediación (con especial relevancia de la intrajudicial), el arbitraje y los mecanismos de conciliación, se considera imprescindible. Es evidente que el sistema no puede soportar una evolución constante al alza en el número de procedimientos y no solo por el elevado coste que representa un pleito para el erario público sino porque, en muchos caos, su resolución pacífica mediante sistemas alternativos sería incluso más beneficiosa para las partes, y con menos costes, que la imposición de la decisión judicial», reitera el presidente de la Audiencia Provincial.

UN ARCHIVERO. En materia penal, el máximo responsable de la Audiencia Provincial sostiene que la rebaja actual solo puede deberse al descenso en el número de delitos como consecuencia del periodo de confinamiento y alarma y de cierto retraso en la fase de instrucción de los procesos. «También en materia penal sería conveniente implicar a los distintos operadores jurídicos en el desarrollo de formas alternativas de solución del conflicto, especialmente en delitos de naturaleza leve. A este fin, sería oportuno incentivar la mediación intrajudicial así como de audiencias previas que se consoliden como cauce para las posibles conformidades o solución de cuestiones previas», añade.

En cuanto a las necesidades materiales y humanas, el presidente de la Audiencia Provincial pormenoriza en su informe anual aquellas especificaciones concretas departamento por departamento, pero hay una petición que llama la atención: Se precisa el nombramiento de un archivero para cubrir la correspondiente función en los órganos judiciales de la provincia y hacer posible la actualización y conservación de los archivos judiciales. 

Palencia es la única provincia de Castilla y León que carece de dicha plaza pese a que dispone de cuatro archivos judiciales y un elevado número de asuntos pendientes de clasificar y, en su caso, expurgar. Esta situación se ha visto agravada como consecuencia del traspaso de las dependencias al nuevo Palacio de Justicia, permaneciendo parte del archivo en el edificio que provisionalmente se ha ocupado en los tres últimos años.

Asimismo, Palencia ha sido pionera en España trabajando con el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) como experiencia piloto hasta el día 27 de junio, fecha en que entró en funcionamiento pleno. A través del Escritorio Virtual de Inmediación Digital se van a poder realizar todas las comparecencias y actos procesales con uno o varios intervinientes, excepto vistas judiciales. 

Hace uso de herramientas de inmediación y de identificación segura de los participantes como son certificado electrónico y clave pin justicia. La mayor novedad es que además de obtener una grabación digital del acto se genera un acta documentada que es firmada por todos los intervinientes mediante firma no criptográfica.