La titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella ha retirado la custodia de un niño de un año a su madre para dársela al padre con el argumento de que el padre vive en una "ciudad cosmopolita" como Marbella, mientras que la madre habita en una "pequeñísima población de la Galicia profunda", en la ría de Muros-Noia (La Coruña). La jueza en cuestión se llama María Belén Ureña Carazo y tiene que ser una gran defensora del mundo rural y de la igualdad a todos los niveles, incluido el derecho a vivir en un pueblo. Lo tiene tan claro, tan legal, que, para justificar su decisión, dice cosas como que "Marbella ofrece múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz; esto no sucede en la localidad de Galicia, lejos de todo y en la que ella (la madre) no tiene opciones laborales". Las ventajas de Marbella no acaban ahí. A juicio de la reflexiva jueza, el niño se criará en una ciudad cosmopolita con todo tipo de infraestructuras, con un buen hospital y todo tipo de colegios para poder educar a un niño, públicos o privados". La "Galicia profunda" es otro mundo. Palabra de doña María Belén.

Confieso que me impactó la noticia. Y mucho. ¿Cómo es posible que alguien con estudios, carrera, oposiciones, etc, etc diga estas cosas y establezca tal discriminación nada menos que en un auto judicial que puede marcar el futuro de una criatura. Los ¿razonamientos? me parecen absurdos, peregrinos, pero revelan una mentalidad muy extendida: la de quien se cree superior por vivir en una gran ciudad o en un lugar de moda para ricos y famosos (léase Marbella), la del desprecio al mundo rural, a los pueblos, a los paletos, en este caso a la "Galicia profunda", pero podría haber sido a la Castilla y León profunda, al Aragón profundo, es decir a las tierras que la señora Ureña y quienes piensan como ella consideran inferiores, sin buenos hospitales, sin buenos colegios, sin gentes de la jet y de la prensa rosa. Parece mentira, pero todavía quedan jueces así. ¿Hará algo el Consejo General del Poder Judicial?