El presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Benjamín Castro, mostró el compromiso del sindicato para entablar un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno de coalición, a pesar de afear al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no concretara ninguna medida para mejorar las condiciones laborales de los 86.000 empleados públicos de Castilla y León, la mayoría sanitarios y docentes.

Castro avanzó que hoy CSIF solicitará una reunión con el presidente autonómico con el fin de proponer un "gran pacto para la protección de los servicios públicos" y un paquete con 16 medidas, que se vertebran en torno a tres ejes: el empleo estable, la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y la modernización de los servicios públicos.  

El documento recoge los procesos de estabilización para acabar con la temporalidad, que exige un gran acuerdo de garantías sobre las ofertas de empleo público, según Castro, así como la modernización del marco normativo con la actualización de la Ley de Función Pública de Castilla y León,  la Ley de Cuerpos y Escalas y cerrar el convenio colectivo del personal laboral que afecta a 10.000 empleados. También incluye CSIF otros compromisos y acuerdos de la Junta como la jornada de 35 horas semanales y el desarrollo de la carrera profesional.

"Es inquietante, frustrante y preocupante que quien ha de liderar la gestión de las políticas públicas no parece disponer, al menos no se ha referido a ello, de un plan claro de modernización y mejora de los servicios públicos en Castilla y León, con una reforma de la Ley de Función Pública pendiente", expresó.

Asimismo, el responsable de CSIF, defendió el papel de esta organización sindical como referente y mayoritaria en la Administración pública, y exigió su inclusión en el marco del diálogo social, tal y como están presenten otras organizaciones como los "mal llamados sindicatos agrarios".

Otras reivindicaciones de los sindicatos pasan por aumentar la promoción interna, los concursos de traslado, que son los derechos de los empleados públicos de carrera, es decir, apuntó, que se cumpla la ley y se convoquen las plazas adecuadas con la celebración de las oposiciones adecuadas.  

A esto se suma, según Castro, que los empleados públicos han perdido desde 2008 a 2021  un 16 por ciento de su poder adquisitivo, y a eso hay que sumar otro porcentaje de más de un nueve por ciento de media desde principios de año por la inflación. "Estoy de acuerdo con Mañueco que esto es un impuesto callado", puntualizó para recalcar, no obstante, que en los tramos autonómicos hay posibilidad de aumentar los salarios a través de los complementos específicos  y así buscar la equidad salarial con respecto a otras comunidades.  

Castro criticó que la única mención hacia los empleados públicos por parte del presidente de la Junta fue cuando comprometió incrementar las indemnizaciones por kilometraje.

Por otro lado, respecto a los docentes, CSIF exigió que elimine la necesidad de eliminar entre sexenio o carrera profesional, e invitó al personal universitario a sumarse a esta reivindicación. También se refirió al personal sanitario, ya que es necesario abordar los ratios de reposición, incrementar las plantillas y tener en cuenta la feminización de algunas categorías sanitarias (personal de enfermería).

En este último aspecto, recordó que muchas mujeres que trabajan en las zonas periféricas de la Comunidad renuncian a su empleo por estar mal pagadas y no tener posibilidades de tener un plan de vida. "Están dispuestas a abandonar su carrera en Castilla y León porque sus condiciones salariales y de vida no son las adecuadas", destacó para reseñar que es necesario también abordar los ratios de las tarjetas sanitarias y la burocratización a la que se somete a los médicos.  

Regular el teletrabajo de forma "flexible y realista" y el pago de los fondos adicionales de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 antes del 30 de junio lo que implicar cerrar la Relación de Puestos de Trabajo son otras dos exigencias que CSIF presentará al Gobierno de Mañueco.

Por último, Castro restó importancia a que los intereses de Castilla y León estén gestionados por un Gobierno de coalición, al haber existido "uno previo", y agregó que las consejerías que dirigirán los representantes de VOX no afectan a los docentes y personal sanitario, que son la mayoría de los empleados públicos. "Debemos esperar a hablar con ellos y ver por dónde empiezan. Nuestra actitud es colaborativa, pero el movimiento se demuestra andando. Las consejerías que va  a pilotar los responsables del PP son las que más afectan a los empleados públicos", concluyó.