Castilla y León escala una posición y se convierte en la quinta autonomía más denunciada por mala praxis sanitaria al registrar 764 casos, de los cuales 47 han sido muertes, según recoge la Memoria del Defensor del Paciente del 2022.
Unos datos que reflejan un incremento del ocho por ciento con respecto al pasado ejercicio, donde se contabilizaron 702. Nuevamente, la comunidad llega a su «máximo histórico», según apunta el órgano sanitario.
Por provincias, Valladolid acumuló 233; seguido de León con 164; Burgos, con 95; Salamanca, con 91; Segovia, con 50; Ávila, con 47; Palencia con 38; Zamora, con 30 y Soria, con 16. Según estos datos, el aumento de las denuncias en la provincia de Palencia ha experimentado un incremento del 73% con respecto a los datos de 2021, ya que en ese año se registraron desde la provincia de Palencia un total de 22 de mala praxis médica.
El «punto débil», indican, se halla en la lista de espera quirúrgica, con un total de 39.242 personas y una dilación media de 129 días. Las cirugías que mayor retraso acumulan son general, traumatología y oftalmología.
«Los valores no son razonables, se sitúan por encima del pasado año con 1.923 pacientes más», apuntó. Por hospitales, los del Bierzo y el de Burgos se llevan la palma con unas listas de espera «inasumibles» tanto para intervención como para cita con el especialista, añade la información que ahonda en que la demora para primera consulta se ha incrementado más de un 30% en Castilla y León. Según el Defensor del Paciente, el Plan de Ordenación de Listas de Espera (POLE) elaborado para reducir las presiones asistenciales ha resultado un «fiasco». «Los conciertos externos y la apertura de los quirófanos durante las tardes han servido de poco», añade.
MEDIDAS CONTUNDENTES. Otros dos grandes retos pendientes de afrontar, «con medidas mucho más contundentes que las de hasta ahora», son garantizar la prestación de servicios en el medio rural y paliar la carencia de pediatras. La amenaza de huelga en Atención Primaria es un frente más, puntualiza. «Como conclusión, la estrategia del Gobierno para abordar la esperada reorganización, modernización y mejora de los servicios sanitarios sigue sin estar clara», apunta.
«En 2023 el Sacyl contará con un soplo de aire fresco reflejado en el mayor presupuesto de su historia: 4.700 millones. Veremos si sirve para contrarrestar el caos organizativo existente y si supone un cambio en la política sanitaria aciaga a la que los castellanoleoneses están acostumbrados», finaliza.