Juzgados atascados, jueces y fiscales reclamando permanentemente más medios personales y materiales, abogados y procuradores desconcertados mientras cada día se retrasan miles de señalamientos de juicios, en algunos casos, hasta dentro de varios años... A la Justicia española, infradotada de recursos, acuciada por vacantes sin cubrir, con una imagen pública ya de por sí maltrecha y permanentemente puesta en cuestión por su proverbial lentitud, solo le faltaba una huelga masiva para asomarse al precipicio del colapso. Ahí la han llevado la protesta que mantienen desde hace mes y medio los Letrados de Administración de Justicia (LAJ) y la alarmante incapacidad del Gobierno para intentar solucionar un conflicto que corre el riesgo de enquistarse.

El paro indefinido de los antiguos secretarios judiciales, que reclaman una equiparación salarial conforme a sus atribuciones y carga de trabajo, está poniendo toda la administración en un complejo atolladero con afectaciones a miles de ciudadanos y empresas. La situación es insostenible y requiere soluciones urgentes. El primer paso debería ser retomar el diálogo entre las partes y buscar un acuerdo que permitiera reducir los efectos de la huelga mientras se negocian reformas más estructurales. Es lamentable la falta de diálogo y mínima empatía que está demostrando el Ministerio de Justicia, con su titular Pilar Llop a la cabeza. Urge que se establezcan los mínimos cauces que permitan llegar a una pronta solución de un problema que los ciudadanos no merecen ni pueden tolerar por más tiempo. Hay asuntos aplazados que puede que no sean tan trascendentes pero hay otros, por ejemplo, asuntos de familia en los que puede haber situaciones de difícil convivencia o asuntos en materia social en los que se reclaman salarios o despidos, que es inadmisible que se paralicen. No extraña que haya voces de la judicatura que entienden que pueden entrar en colisión el derecho a la huelga, constitucional y legítimo, y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Más allá de esta demanda de un colectivo específico, lo que es evidente es que el sistema judicial español necesita una transformación profunda que lo adapte a las necesidades de la sociedad y le garantice su eficacia, calidad e independencia. Es inaceptable que España tenga una de las ratios más bajas de jueces y fiscales por habitante de Europa, tanto como que haya sedes judiciales en condiciones precarias o con sistemas informáticos obsoletos. Como casi siempre, en último extremo, el perjudicado final y real de todo este fiasco es el ciudadano, el justiciable. Como no se encauce pronto este conflicto puede suponer la puntilla definitiva al caos que sufre la Administración de Justicia en España y, lo que es peor, cuando no atiende en tiempos razonables las demandas de los ciudadanos, se resquebrajan los niveles de cohesión social y se resiente indefectiblemente la calidad del sistema democrático.