Aunque la aprobación del presupuesto de 2023 centró el grueso del pleno, también se acordó sacar del orden del día la aprobación de los pliegos del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio. El motivo de esta decisión, que se adoptó con los votos de PSOE, Vox y Ganemos, fue que de haber salido adelante el centenar de trabajadoras del SAD verían perjudicadas sus retribuciones en unos 20 euros al mes. 

Según se explicó por parte de los tres grupos políticos, las trabajadoras alcanzaron un acuerdo con la patronal ante el Serla el pasado 2 de diciembre, por el que si el pliego de condiciones del nuevo contrato de la ciudad se publicaba antes del convenio colectivo, el salario base será de 1.038 euros al mes; y si se publica después, de 1.059 euros. 

Tanto Ganemos como el PSOE solicitaron retrasar la aprobación de los pliegos sacando del orden del día su aprobación «con el fin de evitar cualquier merma salarial al personal del servicio por una simple cuestión de días», detalló Sonia Ordóñez. «No pasa nada por esperar un poco más a que el convenio se publique o sea de aplicación directa, algo que sucederá el 1 de enero», apostilló Miriam Andrés. 

La portavoz de Vox, Sonia Lalanda, también compartió en un principio este argumento, aunque su principal reivindicación al equipo de Gobierno para sacar este punto del orden del día fue las «inaceptables» cláusula que incluía vinculadas a la perspectiva de género.

«A la hora de hacer la valoración, se vuelve a primar a los colectivos de mujeres víctimas de violencia de género», enumeró Lalanda, que concluyó que, en su opinión, «una madre soltera tiene menos derechos que una mujer que es víctima o que dice que es víctima de violencia de género porque ahora ya, con las nuevas modificaciones legislativas, no hace falta ni probarlo».

El motivo por el que PP y Cs se opusieron a su retirada es que retrasar «un mes» el proceso de licitación retrasará también «incorporar casi medio millón de euros más para dar prestación o servicio a quien lo necesita, que cada vez son más personas». 

El alcalde, Mario Simón, aseguró que no hay problema en modificar las condiciones del  nuevo contrato más adelante, algo que no comparten los sindicatos, que creen que de publicarse antes del convenio colectivo las trabajadoras cobrarían 1.038 euros y no 1.059 durante su vigencia. La retirada de la propuesta del acuerdo del orden del día dará tiempo a que se publique el nuevo convenio y obligará al Consistorio a modificar los pliegos pero asegura los ingresos de estas trabajadoras.

PROTESTA. Por otra parte, durante el inicio del pleno el comité de empresa del Ayuntamiento escenificó una propuesta «hartos de mentiras y largas cambiadas» en la negociación de su convenio. Con pancartas en sus manos, criticaron que «se han incumplidos los acuerdos adoptados en mayo de 2018, que fueron firmados por la actual concejala de Personal, Carolina Gómez, entonces sindicalista». «Hoy, en su nueva faceta de concejala se ha olvidado de los trabajadores y de los compromisos», criticaron.